El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al revés judicial que sufrió su política comercial luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que los aranceles impuestos en abril excedían sus competencias constitucionales.
La Casa Blanca había aplicado esas tarifas amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), argumentando que dicha norma facultaba al Ejecutivo para imponer restricciones comerciales en escenarios extraordinarios.
Sin embargo, el alto tribunal concluyó que esa interpretación ampliaba indebidamente las atribuciones presidenciales e invadía competencias reservadas al Congreso.
Nuevo giro: arancel global del 10 %
Lejos de abandonar su agenda proteccionista, Trump anunció este viernes que firmará una orden ejecutiva para establecer un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Esa disposición permite al presidente imponer restricciones temporales a las importaciones de hasta 15 %, con una vigencia máxima de 150 días sin necesidad de aprobación legislativa. Según la Casa Blanca, los aranceles previamente cuestionados serían sustituidos por este nuevo esquema.
El mandatario negó que requiera autorización adicional del Congreso para avanzar con la medida. Aseguró que, además de la Sección 122, dispone de respaldo legal en las secciones 232 y 301 de la legislación comercial estadounidense, que permiten imponer aranceles o cuotas cuando las importaciones amenazan la seguridad nacional o cuando existen prácticas comerciales consideradas injustas.
El debate ahora gira en torno a qué tan amplio es el margen del Ejecutivo para utilizar instrumentos comerciales sin intervención directa del Congreso.
Con el nuevo arancel global del 10 %, Trump deja claro que la confrontación comercial seguirá siendo un eje central de su agenda, aunque bajo un andamiaje jurídico distinto.
