La financiación del sector de infraestructura en Colombia tendrá un panorama retador en 2026. Aun así, el país necesitará avanzar en planes estratégicos y sin interrupciones, pero todo esto se da en medio de restricciones fiscales y menor capacidad de gasto.
A lo anterior se añade que las vigencias futuras, que es el mecanismo mediante el cual el Estado paga de manera periódica planes de infraestructura para que estos se materialicen a largo plazo, a pesar de la falta de recursos actuales, no bastan para cerrar la brecha de inversión. Bancolombia señaló que el desafío es articular un portafolio más diversificado. Lo anterior se mencionó, ya que el capital privado genera contratos a largo plazo si existe estabilidad regulatoria.
Otro de los desafíos es la actualización catastral y también los incrementos previamente pactados en los peajes, lo que puede encarecer el financiamiento y afectar la confianza.
La entidad financiera manifestó que entre 2026 y los primeros años de la década de 2030 se concentrarán los pagos ya contratados a proyectos que ya fueron adjudicados, y que las asociaciones público-privadas (APP) tendrán un papel creciente frente a las vigencias tradicionales.
Aun así, el espacio fiscal se está reduciendo de manera gradual, lo que limita la llegada de nuevas obras a gran escala. Esto significa que, más que una expansión agresiva del portafolio, lo que habrá es el desarrollo de proyectos que ya fueron planificados.
Más proyecciones para 2026 y 2027
En estos dos años se proyecta un crecimiento de obras civiles, aunque estas se ubicarán por debajo del potencial histórico. Bancolombia añadió que el aumento del salario mínimo en 23 % añadirá presión a los costos de construcción a través de la mano de obra directa, los servicios auxiliares y los subcontratos.
Cifras en el presupuesto
Entre enero y octubre de 2025, el sector transporte comprometió 78,2 % de los recursos presupuestales, pero solo canceló 33,2 %, lo que para Bancolombia podría significar un rezago en la ejecución. Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) registró 80,1 % de recursos comprometidos, pero solo se pagaron 27,8 %; el Instituto Nacional de Vías (Invías) tuvo compromisos por 73,7 %, pero se cancelaron 39,6 % de los pagos. En el rubro de inversión, la ANI comprometió 81,8 % pero solo pagó 15,9 %; mientras que el Invías registró pagos por 38 %.
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