Las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) son un mecanismo que quedó incluido en la Ley 2294 de 2023 en la cual el Gobierno busca establecer determinados territorios como zonas priorizadas para la producción de alimentos.
Esto, en el marco de la política de “seguridad alimentaria” que busca impulsar en su reforma agraria.
No obstante, varias autoridades locales y gremios del país están inconformes con la figura, pues argumentan que esta vulnera las competencias y autonomía de los municipios y departamentos para definir los usos del suelo en sus territorios.
Unas de las críticas más recientes fueron las declaraciones de esta semana de la Gobernación de Antioquia en las que se expuso que estas figuras constituyen “una usurpación del Gobierno Nacional de las competencias propias de los Concejos municipales para definir los usos del suelo en sus territorios, vulnerando la autonomía que da la Constitución a las entidades territoriales”.
Justamente por esto, el gobernador del departamento, Andrés Julián, radicó una intervención ante la Corte Constitucional en la que pide la inconstitucionalidad de la ley 2294 de 2023.
Pero, ¿para qué son las ZPPA y por qué han generado descontento?
La Resolución 377 de 2024, que establece las ZPPA, pretende impulsar la reforma agraria y la soberanía alimentaria para enfrentar la desigualdad en la distribución de la tierra, el impacto de actividades extractivas sobre áreas agrícolas y la “insuficiente protección de suelos productivos frente a dinámicas económicas incompatibles con su vocación agrícola”.
Como explica la firma FTI Consulting, la iniciativa se fundamenta en la Ley 2294 de 2023, que introduce las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) como determinantes del ordenamiento territorial, y se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND) que busca consolidar a Colombia como «potencia mundial de la vida».
En este contexto, aunque en se determinó que departamentos como Cundinamarca, la Alta Guajira, Córdoba, Santander, Tolima y Bajo Cauca son algunas de las zonas con potencial para el desarrollo de las APPA, la Resolución 377 analiza el potencial, exclusivamente de Suroeste antioqueño. en las ZPPA.
Según el estudio de la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA), en el que se fundamenta la Resolución, en esta última zona de Antioquia hay 249.617 hectáreas aptas para el modelo de ZPPA, las cuales representan el 32 % del total de municipios en el departamento.
En esta zona, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la ministra Martha Carvajalino, pretende priorizar la unidad campesina, el uso productivo del suelo y la tecnificación del campo para asegurar la soberanía alimentaria, algo que para muchos iría en contravía con otros sectores fundamentales de la economía generando posibles instancias de incertidumbre.
“La intervención del Gobierno es bastante alta porque en determinados municipios exige la prohibición de lotes en parcelaciones. Igualmente, da referencias entorno a los impuestos prediales, genera ordenamiento de la producción de manera equivocada y no mira las realidades de municipios de Antioquia y de Cundinamarca donde ya se vienen adelantando este tipo de procesos”, destacó Juan Gonzalo Botero, exviceministro Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura.
A su turno, Jorge del Castillo, managing director de FTI, explicó que la implementación de las ZPPA también ha generado debates sobre los límites de la intervención del Gobierno Nacional en el ordenamiento territorial.
“La controversia se centra en la Constitución de 1991, que otorga a los municipios la autoridad para definir el uso del suelo y planificar su desarrollo territorial. Aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señala que la delimitación de estas zonas es indicativa, su implementación presenta potenciales conflictos legales y prácticos” dijo.
Para la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), la figura de zonas ZPPA, es un intento más por “despojar a los propietarios de recursos judiciales en procesos de expropiación de tierras”, según ha dicho el mismo presidente de la agremiación, José Feliz Lafaurie.
“En este caso el Gobierno modificó la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para el Ordenamiento Territorial, para incluir las APPA como uno de ellos, aunque es claro que su objetivo no es el ordenamiento territorial, sino el de la producción agropecuaria, lo cual no solo lesiona la autonomía local y regional, sino la libertad del individuo para elegir la orientación de su actividad productiva dentro de los límites de la frontera agrícola”, escribió el dirigente en una columna.
