La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un termómetro que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y política antes, durante y después de los comicios.
El propósito de esta alerta es orientar análisis y formular recomendaciones concretas a las entidades competentes, con el fin de fortalecer acciones que permitan mitigar o superar las situaciones de riesgo y así garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.
En este proceso, se evaluó la condición de cada municipio a partir de 14 variables cualitativas y cuantitativas, que permitieron identificar los niveles de riesgo y orientar los llamados a la acción correspondientes.
Monitoreo nacional y niveles de riesgo
El análisis se elaboró con el trabajo de más de 100 funcionarios en las 42 Defensorías Regionales, quienes evaluaron la situación de todos los municipios del país a partir de 14 variables cualitativas y cuantitativas.
De ese monitoreo se identificaron los siguientes niveles de riesgo:
- 62 municipios: llamado a la acción inmediata.
- 162 municipios: llamado a la acción urgente.
- 425 municipios: llamado a la acción prioritaria.
- 216 municipios: observación permanente.
- 257 municipios: acción ordinaria, sin peligro actual.
En total, 224 municipios presentan llamado a la acción inmediata o urgente, lo que equivale al 19,9 % del territorio nacional.
“Esta alerta no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción”, se lee en el informe de la Defensoría. Cabe mencionar que esta cifra difiere con la dada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de cartera dijo que había riesgo en 104 municipios con foco en las zonas cocaleras del país y se adelantó a criticar el cálculo de la Defensoría. Según el ministro, este mapa se basa en denuncias ciudadanas y no en información sobre presencia real de grupos armados, lo que podría distorsionar la dimensión del problema.
Recomendaciones para el Gobierno
El documento de la Defensoría formuló 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que apuntan a una acción coordinada y efectiva del Estado.
Al Ministerio del Interior le aconsejó fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales.
Para el Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, la Defensoría considera necesario garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo.
Adicionalmente, para la Unidad Nacional de Protección (UNP) recomendó implementar planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.
Por último, a la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría les sugirió asegurar la logística, transparencia, garantías en el proceso electoral y vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
La alerta destaca la necesidad de medidas diferenciales para proteger a precandidaturas, candidaturas y sus equipos de campaña y familias.
Así como servidores públicos en cargos de elección popular y en labores electorales, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, población LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
