La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia abrió investigación y pliego de cargos contra las empresas Vanti, Alcanos, Gas Natural Cundiboyacense, Gases del Caribe, Enel – Codensa y Cedenar por presuntos incumplimientos de las normas sobre medición de consumo y algunas disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional para aliviar el costo de los servicios públicos a los usuarios durante la emergencia por Covid-19.
Sobre estos procesos, la superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó que “en cumplimiento de nuestra función de control, y en defensa de los derechos de los usuarios, hemos formulado cargos a estas seis empresas luego de identificar presuntos incumplimientos a la ley en relación con la medición de los consumos y la no aplicación oportuna de las medidas expedidas por el Gobierno Nacional para favorecer a los usuarios de los servicios de energía y gas en esta contingencia. Como parte del debido proceso, las empresas podrán presentar sus descargos ante la Superservicios, para su respectivo análisis”.
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La apertura de investigación contra estas seis empresas se fundamenta en la facturación por consumos estimados a usuarios durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que, preliminarmente, se evidencie que las empresas hayan realizado las acciones necesarias para medir el consumo real, como lo establecen la ley y la regulación.
El cobro del consumo promediado se efectuó a 2’133.376 suscriptores de Vanti, 729.784 de Alcanos, 372.491 de Gas Cundiboyacense, 362.315 de Gases del Caribe, 260.708 de Enel-Codensa y 151.895 de Cedenar.
A las investigaciones contra estas empresas prestadoras de servicios públicos se le suma que, presuntamente, no se evidenció la aplicación oportuna de la Opción Tarifaria Transitoria obligatoria, implementada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante la Resolución 048 de 2020.
Esta opción tarifaria tiene como objetivo mitigar el impacto, en el corto plazo, del incremento del costo del metro cúbico (m3) del servicio público de gas natural durante el aislamiento preventivo obligatorio, en el que muchos usuarios han visto reducidos sus ingresos.
Adicionalmente, en los casos de Vanti y Gas Cundiboyacense se investiga un presunto manejo inadecuado a un conflicto de interés entre las empresas y los suscriptores, relacionado con la aplicación de la tarifa regulada en la reliquidación de los consumos que fueron inicialmente facturados por promedio en los meses de abril y mayo de 2020, y en el que las dos empresas pudieron haberse beneficiado al haber aplicado una tarifa más gravosa para el usuario.
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De ser así, habrían afectado a sus usuarios con cobros no autorizados por valor de $1.838.980.952 y $335.040.779, respectivamente.
Por último, en la actuación contra Cedenar se investiga también la presunta facturación mediante el mecanismo denominado “normalización de consumos” que no se encuentra previsto en la normativa vigente, ni en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) de la empresa.
Este esquema, que consiste en la aplicación de un método matemático para determinar un consumo equivalente al periodo de facturación, habría sido aplicado a 327.161 suscriptores durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020.
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