Bancos centrales, a ser más activos en transformación de la política económica verde

Un nuevo estudio hecho por José Antonio Ocampo (excodirector del Banco de la República) y Joaquín Bernal (asesor de la gerencia general del emisor) da cuenta de cuál podría ser la política económica que avance a una reactivación, en un escenario postpandémico, y que centre su funcionamiento en una estrategia verde.

El análisis, titulado Cambio climático: políticas para manejar sus efectos macroeconómicos y financieros, trae varias recomendaciones sobre lo que pudiera darse con el impuesto al carbono, como estrategia para una política de estímulo a la inversión que premie las fuentes no convencionales.

Entendiendo que la pandemia del Covid-19 puede agudizar el uso de materiales como el plástico o el mayor consumo de energía en los hogares, los autores proponen que sea momento de hacer cambios estructurales en la política económica verde: habría que plantear la posibilidad de establecer un piso en el precio del carbono.

Ocampo y Bernal expresan la necesidad de que, en caso de no darse esa iniciativa, se podría pensar en la posibilidad de reducir los techos de emisión y eliminar gradualmente las subvenciones a los sectores intensivos en carbono.

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“Una política de precios del carbono es un determinante clave en el desarrollo de la demanda de energía y emisiones, y un importante motor de inversión en energías renovables”, dicen los autores en el informe.

A manera de complemento es necesario impulsar, desde ya, la inversión pública en programas que tengan como objetivo la transición verde en dos escenarios: el transporte y en vivienda.

En este último punto el mismo ministro de Vivienda de Colombia, Jonathan Malagón, ha dicho que, con base en el compromiso que tiene el país en cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay planes de vivienda de interés social que ya cuentan con infraestructura que permite la generación de energía renovable desde el mismo hogar.

Sobre qué puede hacer el Gobierno para motivar esa transición, incluso en la crisis postpandémica, se recomienda centrar las ayudas estatales en las compañías que se comprometen a llevar a cabo transformaciones sustanciales que prioricen el uso de, entre otros, energías renovables.

“Los cambios en el lugar de producción, las cadenas de suministro y los lugares de trabajo también podrían reducir emisiones de gases de efecto invernadero”, dice el documento.

Finalmente, proponen Ocampo y Bernal que se empiece a hacer un seguimiento más juicioso de la transformación verde de las empresas desde adentro. Es decir: que en los reportes financieros se incluya el impacto por el cuidado del medioambiente.

Bajo ese panorama se planeta, en el documento, la posibilidad de que se expidan normas para empezar a considerar marcos contables más ecológicos, en donde se incluya, entre otros, cuál es el capital natural de cada compañía.

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Así mismo, la inmersión de los bancos centrales en estos cambios, dicen los autores, será fundamental pues serán estos los que reflejen los riesgos climáticos en términos de balances y operaciones.

De ahí lo vital de “alinear las compras de activos y el refinanciamiento de operaciones con los objetivos del Acuerdo de París; además de adoptar inversiones sostenibles y responsables. Principios inamovibles para la gestión de carteras, incluidas las políticas”.

Encuentre aquí el informe completo.

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