La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, reconoció que el ente de control está empezando a recolectar información sobre los sucesos acontecidos en torno a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a partir de 2020.
Estos son los pasos previos a la toma de decisión de una investigación formal respecto a hechos que han envuelto a EPM como la demanda a diseñadores, constructores, interventores y reaseguradores del proyecto Hidroituango, el cambio completo de su Junta Directiva en agosto de 2020 o el relevo de tres gerentes (Álvaro Guillermo Rendón, Mónica Ruiz, quien estuvo como encargada por dos meses, y Alejandro Calderón), sí indica la preocupación que empieza a generar en la Procuraduría lo que ocurre en la segunda empresa pública del país por ingresos.
Este proceso se está adelantando de manera autónoma desde Bogotá, ciudad en la cual se centraría toda la información sin que se vea involucrada por interferencias o tensiones políticas respecto a si se realizara directamente en Medellín.
La situación en torno a EPM se ha complicado más tras la renuncia de Calderón como gerente, tan solo una semana después de anunciarse su nombramiento, envuelto por dudas respecto a sus títulos académicos, conflictos de intereses y cercanía con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien oficia a su vez como presidente de Junta Directiva de EPM.
Hoy se conoció el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como nuevo gerente de EPM, el cuarto en 15 meses bajo la Alcaldía de Quintero.
En su carta de renuncia enviada a Quintero, Calderón explica que esos ataques “están asociados a los altos niveles de polarización que vive la ciudad”, lo cual lo llevó a “no asumir el cargo”.
A esto se suma la salida de Rendón en febrero, la cual no se dio en los mejores términos al ser declarado insubsistente, por lo que un juzgado de Medellín pidió a Quintero presentar un informe en el que detalle los señalamientos contra el exgerente de EPM.
Rendón había solicitado ante la justicia practicar una inspección judicial y otros procedimientos para revisar el decreto por el que salió del cargo, proceso que aún anda en marcha.
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