¿Qué es lo bueno y lo malo del desmonte del 4 por 1.000 en Colombia?

Experto en derecho tributario de la firma legal Crowe en Colombia, señala los pros y contra de eliminar este impuesto.

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Experto en derecho tributario de la firma legal Crowe en Colombia, señala los pros y contra de eliminar este impuesto.

Con la reciente aprobación por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para eliminar el impuesto al 4 por mil, que autoriza a todos los bancos a cobrar 4 pesos por cada mil en las transacciones determinadas en la normativa vigente, avanza con viento en popa. Vea más en Macroeconomía.

El tributo que nació en 1998 a través del decreto 2331 como respuesta “temporal” a la crisis financiera para “rescatar” a las instituciones financieras y que realmente lleva vivo 23 años, llegó en ese entonces para quedarse hasta que la representante a la Cámara Katherine Miranda, anunció que propondría su desmonte gradual. 

El proyecto de ley presentado por esta representante propone ir reduciendo el gravamen gradualmente a partir del 2023 hasta que desaparezca en 2026 cuando se propone que sea desmontado gradualmente.  

¿Cuándo se cobra este impuesto?

Según Bancolombia, si se pasan los siguientes topes en cuentas de ahorro o corrientes, se procede al cobro del 4 por mil:

  • El tope para Cuentas de Ahorros tradicionales es de $12.708.000. También aplica para cuentas Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC).
  • El tope para Cuentas de Ahorro A La Mano es de $2.360.000.
  • El tope para cuentas de pago de pensión es de $1.489.000.
  • El tope para Giros reclamados en efectivo en ventanilla es de $2’178.000.
  • El impuesto del 4 por mil se hace siempre que exista una salida de dinero de la Cuenta de Ahorros, ya sea por retiros, débitos, pagos, entre otros. 

¿Más ventajas que desventajas de suprimir este gravamen?

¿Pero cuáles son sus pros y sus contras? Pedro Sarmiento, abogado especialista en Derecho Tributario y Socio Director de Impuestos y Servicios Legales de la firma Crowe en Colombia, asegura que éste siempre ha sido un tributo antitécnico, pues genera que las transacciones financieras sean más costosas, quitándole así competitividad al país.  

Sin embargo, este tributo genera un recaudo y no puede ser eliminado sin tener una forma alterna que permita obtener el ingreso que hasta hoy está generando y que tiene un monto aproximado de $8 billones, de acuerdo con las cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

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Según Sarmiento, este es un impuesto que grava las transacciones financieras, hace costoso el manejo del comercio y perjudica a la mayoría de los contribuyentes, ya que quienes hagan uso del sistema financiero ven menguada su capacidad de pago al tener que asumirlo. 

“Considero que el desmonte gradual del 4 por mil en el marco de la reactivación económica, sería una ayuda para las empresas, permitiría su crecimiento económico y el de las personas naturales, adicionalmente, el PIB crecería. Sin embargo, lo que se recauda a través de este impuesto ayuda con las necesidades de la población, por lo que hacer un desmonte definitivo en este momento, sin tener una fuente que supla esos ingresos sería contraproducente”, asegura el experto. 

Así mismo afirma Sarmiento que la eliminación de este impuesto afectaría el recaudo y por consiguiente a los recursos del Estado, esto si el desmonte se hace sin tener una fuente que permita recaudar el ingreso proveniente de este tributo, no obstante, según lo planteado por la promotora del proyecto habría dos caminos para conseguirlo: impuesto a los salarios altos, es decir, el 2% para salarios de 25 millones de pesos mensuales y el otro camino es eliminar los beneficios tributarios de las megas pensiones. 

Según ha declarado la representante Miranda, el camino para tapar el vacío que deja la eliminación del 4 por mil con la supresión de los beneficios tributarios es sopesarlos con impuestos a los salarios más altos, a partir de los 25 millones de pesos y la eliminación de los beneficios tributarios de las mega inversiones, lo que significaría una entrada de $9 billones a las arcas del Estado, lo que podría reemplazar sobradamente el recaudo que dejaría de cobrarse. 

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