Firman alianza para acabar fraude de servicios públicos en Bogotá y Región

Germán Henao, vicepresidente de asuntos legales y corporativos de Vanti; Cristina Arango, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; Francesco Bertoli, gerente de Enel. / Archivo Valora Analitik

Las empresas de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Enel Colombia y Vanti, firmaron una alianza que busca acabar con el fraude de los servicios públicos en Bogotá y la Cundinamarca.

Con esta alianza las empresas también quieren reducir las perdidas que se presentan por acometidas ilícitas, alteración e intervención de medidores, defraudación, suplantaciones, ataques cibernéticos, entre otros.

Las tres compañías señalaron que, si bien la mayoría de los usuarios acceden a los servicios públicos de manera legal, se ha logrado identificar que bandas organizadas logran convencer a comerciantes y residentes con tarifas mucho más bajas.

Fraude de servicios públicos

En el caso del servicio de acueducto y alcantarillado se estima que el fraude llega al 3 %, es decir, que alrededor de 1,5 millones de metros cúbicos al mes son usados de forma irregular.

Destacado: Encuesta 2022: 70% de las personas han sido víctimas de hurto en Bogotá

En cuanto al servicio de gas se estima que el 6 % del consumo esta permeado por el fraude, una cifra importante si se tiene en cuenta que con esta cantidad se puede abastecer mensualmente una ciudad como Tunja.

Por su parte, Enel señaló que ha identificado más de 5.600 casos relacionados con este tipo de prácticas ilícitas en la prestación del servicio de energía.

“La alianza se firmó con el propósito de prevenir el delito debido al incremento de los actos de hurto en los servicios públicos que afectan la calidad de vida de los usuarios, incrementan posibles riesgos a la seguridad de las personas y disminuyen la facturación”, destaca Cristina Arango, gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

En el marco de la alianza se constituyó un equipo interdisciplinario de las tres empresas y se trabaja en cuatro líneas estratégicas: operativa, judicial, preventiva y administrativa.

“El fraude de servicios públicos es un delito penal, por ende, uno de los ejes de la alianza es colaborar con la Fiscalía para capacitar a los funcionarios sobre las técnicas de hurto que observamos todos los días”, explica Francesco Bertoli, gerente de Enel.

El vicepresidente de asuntos legales y corporativos de Vanti, Germán Henao, afirma que “el fraude no es un fenómeno asociado a la pobreza o a la necesidad, se ha comprobado que es un negocio de personas que desarrollan sus actividades a partir de la idea del fraude sin contemplar las afectaciones a la comunidad”.

Finalmente, los tres representantes de las empresas de servicios públicos indicaron que los delincuentes pueden afrontar penas de hasta 20 años por este delito.

Convierta a ValoraAnalitik en su fuente de noticias