El Consejo de Estado explicó este viernes las razones por las que frenó el decreto del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el que pretende asumir funciones para regular los servicios públicos.
La decisión fue tomada este jueves, luego de una demanda interpuesta por los accionantes Julián David Solorza y Lucas Arboleda.
En rueda de prensa, celebrada en la sede del Palacio de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez, reiteró que esta es una decisión “cautelar” y que en medio del proceso aún puede ser “medida de debate”.
“Una decisión de esta naturaleza es preventiva, cautelar y por ser adoptada en los albores del proceso aún va a ser objeto de controversia judicial”, apuntó Rodríguez.
A continuación, el magistrado ponente, Roberto Serrato, leyó el comunicado de prensa sobre el cual el Consejo de Estado explicó las razones por las que se frenó el polémico decreto de Petro.
“En primer lugar, se encontró que se omitió el deber de publicar el proyecto de acto demandado por el término mínimo de 15 días que se señala en las normas aplicables”, señaló Serrato.
A renglón seguido, añadió que “no se justificó de manera adecuada y razonada el motivo por el cual se dispuso de reducir a tan solo dos días la posibilidad de que la ciudadanía y los grupos de interés participaran en el proceso de producción normativa”.
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En plata blanca, esto quiere decir que el gobierno Petro no detalló por qué no extendió el tiempo para dar comentarios sobre el decreto para regular servicios públicos.
Argumentos sobre el decreto de Petro
El jurista destacó que únicamente se afirmó que el “presente proyecto de decreto se publicará por dos días teniendo en cuenta que se trata de reasumir la competencia regulatoria a cargo del presidente de la República”.
Esta afirmación, según el Consejo de Estado, “no cumple” con justificar “de manera adecuada y reforzada” el porqué se limitó la promoción del decreto y la restricción del acceso de ciudadanía.
En segundo lugar, el despacho consideró que el decreto del presidente Petro “trasgredió de manera manifiesta” las normas invocadas por los accionantes en su demanda.
Esto pues “la función de regulación del régimen tarifario de servicios públicos fue asignada por el constituyente de manera directa y expresa a las comisiones de regulación de los servicios públicos”.
Estas son la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
“Este es el motivo por el cual el presidente de la República no podía asumir funciones que no eran de su competencia”, continuó el magistrado.
Vale señalar que la suspensión del decreto, como lo dijo el Consejo de Estado, es provisional y por una medida cautelar de urgencia.
Con esto presente, el tribunal seguirá estudiando a fondo el documento del Gobierno, de tal modo de que se pronuncie sobre si este se encuentra o no en línea con la Constitución.
