Una de las opciones que tiene el Gobierno este año para evitar que el déficit fiscal supere sus estimaciones es aplazar algunas de las obligaciones para que sean cubiertas con el presupuesto de 2026, tal como hizo el año pasado.
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El más reciente informe semanal de ANIF advierte que las presiones fiscales de este año, por cuenta de menores ingresos y aumentos del gasto, podrían generar un entorno en el cual el Gobierno podría verse tentado a posponer nuevamente parte de la ejecución de los recursos disponibles, es decir, dejarlo como rezago presupuestal.
Sin embargo, se trata de una medida que, según los expertos, pone en evidencia los problemas de caja que ha presentado el Gobierno ante la caída de ingresos y el aumento del gasto, que en el pasado lo llevó a “patear” el gasto para las siguientes vigencias fiscales, con el riesgo de seguir incrementando el rezago año tras año.
De hecho, el año pasado el déficit fiscal del Gobierno pudo haber sido del 7,2 % del PIB en 2024 en lugar del 6,8 % reportado oficialmente de no ser por la posibilidad de dejar un rezago presupuestal.
En 2024, el rezago presupuestal alcanzó el nivel más alto desde 2012, según reportes del Ministerio de Hacienda, llegando a representar 13,4 % del Presupuesto General de la Nación (PGN). En consecuencia, $55,4 billones que quedaron pendientes deben ser pagados este año, además de lo apropiado en el PGN de este año.
Según el análisis del centro de investigación, el año pasado aumentó principalmente el rezago de inversión (8,9 % del PGN cuando en 2023 fue del 4,5 %), seguido del de servicio de la deuda (1,9 % en 2024 vs 0 % en 2023). En contraste, hubo menos compromisos de funcionamiento rezagados (4,5 % del PGN) en comparación con 2023 (5,5 % del PGN).
Con corte de marzo, el Gobierno había pagado $27,6 billones, es decir, un 50 % del rezago. Los pagos se han concentrado en mayor medida en el pago del rezago de inversión ($17,3 billones de $37,0 billones), seguido del de funcionamiento ($10,3 billones de los $18,5).
“Dado que desde ANIF se estima que el Gobierno tendrá que hacer recortes de al menos $30 billones a lo largo del año, priorizar estos pagos a inicio de año es positivo para evitar incumplimientos o recortes no deseados en este frente y repetir los errores del año pasado”, subrayó el informe.
El problema es que esto reduce el espacio para ejecutar recursos del presupuesto para realizar gasto social o inversiones, dada la apretada situación fiscal que también enfrenta el Gobierno este año, a pesar de que, según ANIF, el panorama de recaudo tributario luce mejor que en 2024 y la ejecución está por debajo del dato histórico.
El centro de investigación subrayó que el país atraviesa un escenario desafiante de las finanzas públicas en un año preelectoral. “Además de las presiones en la caja, el rezago presupuestal refleja problemas de gobernanza fiscal, pues esto pone en evidencia las deficiencias en planeación de gasto, rigideces operativas y falta de seguimiento oportuno de la ejecución del presupuesto”, concluyó el informe.
Desde el año 2000, el rezago presupuestal ha representado en promedio el 10,6 % del presupuesto, aunque precisamente ese año alcanzó un pico del 14,6 % dado que el país estaba saliendo de la recesión de 1999, cuando la actividad económica se contrajo un 4,2 %, lo que impactó los ingresos fiscales.
Además, en promedio, desde 2018, el rezago ha estado compuesto 95 % por reservas presupuestales y 5 % por cuentas por pagar. Esto le dio mayor flexibilidad al Gobierno en 2023, cuando el rezago fue del 10,1 % del PGN ($34,7 billones), aunque finalmente solo se pagó el 75 % (históricamente el cumplimiento llegaba al 98 %).
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