El miércoles 14 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el plan de cooperación de la Ruta de la Seda con China. Esta decisión generó una respuesta inmediata por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó su rechazo al acuerdo entre Colombia y el país asiático.

En ese contexto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó su firme oposición a los proyectos actuales y a los desembolsos futuros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras internacionales destinados a empresas estatales chinas que operen en Colombia.

Esta postura, sin embargo, no se limita exclusivamente al caso colombiano, sino que también se extiende a otros países que forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida como la Nueva Ruta de la Seda) y que hayan suscrito acuerdos de cooperación con China.

La iniciativa china, que ya cumple doce años, ha logrado la adhesión de cerca de 100 países en distintas regiones del mundo. En América Latina, algunos de los Estados que han establecido tratados de cooperación en el marco de esta estrategia son Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Argentina, entre otros.

El Gobierno estadounidense advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan estos acuerdos. Según el pronunciamiento oficial, los proyectos impulsados bajo esta alianza podrían comprometer «la seguridad de la región». Además, resaltaron que «el dinero de los contribuyentes estadounidenses NO DEBE ser utilizado de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar a empresas chinas en nuestro hemisferio».

¿Qué proyectos se pueden ver afectados por la decisión del Gobierno de Estados Unidos?

Esta posición del Gobierno de Estados Unidos podría tener implicaciones concretas para Colombia, especialmente en el ámbito de la infraestructura. Uno de los proyectos que podría verse afectado es la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, cuya ejecución está a cargo de un consorcio liderado por compañías chinas.

Entre las empresas involucradas en esta obra se encuentran Xi’an Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited, que operan en el país bajo la razón social Metro Línea 1 S.A.S. Este proyecto cuenta con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de otras entidades multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

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Dado el nuevo panorama, los recursos provenientes de instituciones financieras con participación estadounidense podrían estar en riesgo, lo que tendría un impacto significativo en la continuidad del proyecto. Aún no está claro si esta postura afectará directamente el flujo de desembolsos ya comprometidos o si se aplicará a futuras fases de financiación.