La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le ordenó a la empresa Vanti S.A. E.S.P. ajustar sus tarifas a la baja y reembolsar a los usuarios los “cobros indebidos” efectuados en Bogotá.
La firma aseguró en un comunicado que “recibió con sorpresa” la notificación de que la entidad ordenaba “medidas injustificadas – y en la práctica sancionatorias – en su contra” y anunció que interpondrá todas las acciones legales, dado que la medida aún no está en firme.
De acuerdo con la SuperServicios, la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial, pero hizo aumentos del 4,95 % en enero y del 35,5% en febrero que no estaban justificados.
Sin embargo, de acuerdo con Vanti, desde el año 2023 se venían anunciando faltantes de producción de gas nacional, lo cual es evidente en los sistemas de información oficiales de disponibilidad de gas natural y en los informes del Gestor del Mercado del 2024 y 2025.
La empresa también notificó esta escasez a la entidad años atrás e incluso le solicitó proponer medidas para minimizar el impacto de esta coyuntura en los usuarios.
“Esta decisión desalineada, y que genera inestabilidad en la prestación del servicio, se toma cuando ya se está trabajando junto con otras entidades del Gobierno Nacional en mitigar el impacto del déficit de gas natural nacional”, aseguró la empresa en su misiva.
Vanti señaló que las tarifas de gas natural ya se han reducido del pico de 36 % anunciado en febrero a un 20 % en marzo y adelantó que la tendencia se mantendría así durante lo que resta del año “por el trabajo armónico y conjunto entre el sector y el Gobierno Nacional”.
La empresa, que pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para la vigilancia del proceso, dijo que le había dado a la entidad una respuesta transparente a todos los requerimientos de manera detallada, suficiente y oportuna en su momento.
Incluso reiteró la solicitud de tener una audiencia con la SuperServicios (no acogida aún), o en su defecto con el más alto nivel del Ejecutivo, para explicar detalladamente que se actuó dentro del marco legal y regulatorio vigente.
“Estas decisiones se tomaron con desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones, donde además hay prejuzgamiento y otras violaciones al debido proceso”, concluyó.
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