Este viernes, 23 de mayo, la jueza federal Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal que bloquea la decisión de la administración Trump de revocar la certificación de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales.
Esta medida judicial responde a una demanda presentada por la universidad, que argumenta que la acción gubernamental viola la Primera Enmienda y el debido proceso legal.
Burroughs es la misma jueza que examina otra demanda de Harvard contra la congelación de US$2.650 millones en fondos federales.
“Es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio por parte de Harvard de su derecho, amparado en la Primera Enmienda, a rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ‘ideología’ de sus profesores y estudiantes”, según una copia de la demanda facilitada por Harvard expuesta por CNN.
Afectación a los estudiantes extranjeros de Harvard
La revocación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) habría impedido a Harvard matricular a estudiantes con visas F y J, afectando a más de 7.000 alumnos internacionales que representan aproximadamente el 27 % de su población estudiantil. Además, los estudiantes actuales habrían tenido que transferirse a otras instituciones para mantener su estatus migratorio legal.
Esto recordando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión alegando que Harvard ha fomentado un ambiente inseguro en el campus, permitiendo actividades «antiamericanas» y «proterroristas», y acusó a la universidad de colaborar con el Partido Comunista Chino.
La administración Trump justificó su decisión alegando preocupaciones sobre la seguridad en el campus, citando presuntos vínculos con actividades «proterroristas» y acusaciones de antisemitismo.
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Sin embargo, Harvard sostiene que estas acusaciones carecen de fundamento y que la medida es una represalia política por la negativa de la universidad a cumplir con demandas federales relacionadas con su currículo y políticas internas.
La orden judicial permite a Harvard continuar inscribiendo a estudiantes internacionales mientras se resuelve el caso en los tribunales. Se programaron audiencias adicionales para los días 27 y 29 de mayo, donde se evaluará la posibilidad de emitir una orden judicial preliminar que podría extender la suspensión de la medida gubernamental.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó la acción del gobierno como «ilegal e injustificada» y reafirmó el compromiso de la universidad con su comunidad internacional. Organizaciones educativas y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en la reputación académica de Estados Unidos y en la movilidad estudiantil global.
Por su parte, Jason Newton, portavoz de la universidad dijo: “Trabajamos rápidamente para proporcionar orientación y apoyo a los miembros de nuestra comunidad. Esta acción de represalia amenaza con perjudicar gravemente a la comunidad de Harvard y a nuestro país, y socava la misión académica y de investigación de Harvard”.
Este caso se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump dirigidas a instituciones académicas que, según el gobierno, promueven ideologías contrarias a los intereses nacionales.
Además de la prohibición, el gobierno ha congelado fondos federales destinados a Harvard y ha amenazado con revocar su estatus de organización sin fines de lucro.
La decisión judicial representa un revés significativo para las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y subraya la importancia de la autonomía académica y la protección de los derechos de los estudiantes internacionales en Estados Unidos.
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