El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular vía decreto, tras el rechazo de esta propuesta por parte del Senado de la República, ha generado un fuerte debate jurídico y político en Colombia.
Para entender los alcances legales y constitucionales de este anuncio, Camilo Cuervo, abogado y socio de la firma Holland & Knight, conversó con Valora Analitik con el fin de explicar por qué esta decisión genera preocupación entre sectores institucionales del país.
La imposibilidad legal de convocar una consulta sin aval del Congreso
El presidente Petro ha insinuado que, ante la supuesta falta de pronunciamiento del Congreso sobre su propuesta de consulta, estaría habilitado para convocarla por decreto. No obstante, Camilo Cuervo desmiente esa versión.
“Definitivamente, el presidente no puede convocar por decreto una consulta popular que ya fue negada por el Congreso. Incluso si el Congreso no se hubiera pronunciado, que no es el caso, tampoco podría hacerlo. La afirmación del presidente es contraria a los hechos, que fueron públicos y están grabados en video: el Senado de la República, en ejercicio de sus facultades democráticas, negó la propuesta de consulta”, asegura.
El papel de las cortes frente a un posible decreto presidencial
Más allá del desconocimiento al Congreso, Cuervo advierte que el anuncio presidencial implica también un intento por eludir la estructura del control constitucional en Colombia.
“Estamos ante un rompimiento institucional. El presidente está desconociendo al Consejo de Estado al afirmar que quien debe revisar el decreto es la Corte Constitucional. Esto no solo es incorrecto, sino que elimina el filtro natural que existe para revisar los actos del Ejecutivo. Además, instrumentaliza a la Corte Constitucional para tratar de legitimar una decisión que no tiene sustento legal”, señala Cuervo.
Recomendado: Gobierno Petro solicitará a la Corte Constitucional asumir el decreto de consulta popular
De igual manera, señala que intentar legitimar la decisión a través de la Corte Constitucional “busca darle un halo de legalidad a un hecho que evidentemente no lo tiene, si se parte de la base de que la consulta fue negada formalmente por el Congreso”.
Riesgos de desequilibrio entre poderes públicos
Para el experto, está en juego de la estabilidad del sistema institucional colombiano. “Lo que está haciendo el presidente es forzar una reacción del resto de poderes públicos: el Legislativo, el Judicial, e incluso de la sociedad civil. Está generando una tensión innecesaria e irresponsable. Afortunadamente, Colombia es un Estado con Constitución y mecanismos de control”.
Cuervo añade que, si el presidente firma el decreto, será el Consejo de Estado el encargado de pronunciarse, aunque incluso la Registraduría podría abstenerse de ejecutarlo. “El registrador podría negarse a tramitar el decreto por inconstitucionalidad manifiesta. Pero mientras no haya un decreto firmado, todo queda en el terreno de lo declarativo”.
¿Hay antecedentes de una medida similar?
Cuervo también dijo que no existe en la historia jurídica colombiana un precedente que respalde lo que está planteando el presidente.
“Ningún presidente ha convocado un mecanismo de participación ciudadana por decreto, y esto es porque la Constitución y la ley lo prohíben expresamente. No existe ni un solo antecedente que siquiera se le parezca. Por eso, si Petro insiste en avanzar por esta vía, estaría quebrantando las instituciones”, enfatiza.
Consecuencias institucionales y democráticas
Finalmente, Cuervo advierte que, si el presidente sigue adelante con esta decisión, puede generar una crisis innecesaria que podría tener consecuencias duraderas.
“Este intento no tiene ninguna vocación distinta a generar zozobra y un estado de opinión favorable a medidas cada vez más inconstitucionales. Es un quiebre institucional, sin antecedentes en nuestra historia reciente”, indica.
Y concluye: “Lo que está en juego no es solo la legalidad de una consulta popular, sino la vigencia de los principios democráticos y constitucionales que han regido la República. La reacción de las cortes, del Congreso y de la sociedad civil será determinante para preservar el equilibrio de poderes en Colombia”.
