Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, participó en la Convención Bancaria de Asobancaria y se refirió a la importancia de la separación de poderes en Colombia y al respeto por las instituciones.
La separación de poderes, dijo el magistrado, se hace para garantizar el equilibrio entre los gobiernos y los demás intereses del Estado. “El interés general es el interés de todos, es el respeto del que habla la Constitución y la inclusión de todos en la elaboración de las políticas públicas”.
Ibáñez señaló que los colombianos demandan respuestas de sus instituciones, las respuestas de las políticas públicas deben responder a las necesidades de quienes aquí viven.
En el contexto de una democracia que enfrenta desafíos crecientes, el presidente de la Corte dijo que “se hace más vigente que nunca el llamado a fortalecer la institucionalidad y preservar el orden constitucional como pilares de la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible”.
Este mensaje, en su concepto, cobra fuerza al conmemorar los 68 años del restablecimiento del orden constitucional en Colombia, tras el golpe de Estado de 1953 y el posterior retorno a la institucionalidad en 1957, gracias a la movilización de una sociedad civil activa y comprometida.
En su presentación ante los asistentes a la cumbre bancaria dijo que el país debe seguir siendo una república con instituciones sólidas, derechos garantizados y un modelo democrático funcional.
Llamó la atención sobre que en la historia reciente de Colombia recuerda un periodo crítico entre 1953 y 1957, cuando un régimen autoritario interrumpió el curso democrático. Ese “apagón constitucional”, como lo denominan algunos juristas, no fue superado por las élites políticas, sino por la fuerza conjunta de agricultores, comerciantes, banqueros, industriales, estudiantes, mujeres y hombres que, desde la sociedad civil, exigieron la restauración de las normas democráticas.
Para el magistrado, la sociedad civil sigue siendo el contrapeso más efectivo frente a los excesos del poder, aun cuando este sea legítimamente constituido.
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Agregó que “su rol no es obstaculizar la gobernabilidad, sino ser garante de que el poder se ejerza dentro de límites legales y éticos. En palabras del constitucionalismo moderno, la democracia no se mide por la unanimidad, sino por su capacidad de proteger el disenso y garantizar los derechos de las minorías”.
Y, consideró, que las instituciones democráticas no son perfectas, pero sí indispensables. Por ello, destaca el rol de la rama judicial —especialmente la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado— como guardianes del sistema jurídico y del equilibrio de poderes. Cuando estas instituciones actúan con autonomía y responsabilidad, no solo protegen los derechos ciudadanos, sino que refuerzan la legitimidad del sistema democrático frente a llamados de ruptura o populismos autoritarios, dijo el presidente del alto tribunal.
Fue enfático en un mensaje: El respeto al orden constitucional no es solo una tarea de los jueces o de los organismos de control. Es una responsabilidad compartida que empieza con el cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de todos los funcionarios públicos, “incluyendo al jefe de Estado como símbolo de la unidad nacional. Solo así se puede garantizar un país donde prevalezcan la justicia, los derechos humanos y la seguridad jurídica”.
Ibáñez hizo un llamado a mantener la confianza, la concordia y el respeto institucional como condiciones esenciales para la inversión, el crecimiento y la recuperación de la paz.
“La democracia resiste cuando las instituciones funcionan, cuando los ciudadanos participan y cuando los gobiernos gobiernan con límites. El futuro del país no depende de voluntades personales, sino del compromiso colectivo con un orden justo y legítimo que proteja los sueños y libertades de todos”.
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