La Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor del exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, en la tutela que presentó contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
En la sentencia emitida el 5 de junio de 2025, el alto tribunal concluyó que, en medio de investigaciones administrativas —y ahora también penales— sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la Nueva EPS, el jefe de Estado incurrió en una afectación a los derechos de Lleras.
Asimismo, ordenó que Petro se retracte. En el fallo se lee: “Al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte por la publicación del 8 de diciembre de 2024”.
Ya que según sustentó el tribunal “Los informes oficiales por él hasta ahora recibidos, no individualizan al accionante o sus hermanos como responsables de las irregularidades administrativas o eventuales delitos que se investigan en el manejo de los recursos de la Nueva EPS o de otras empresas prestadoras de servicio de salud y, en el mismo sentido no puede afirmarse que el accionante o sus hermanos «están viviendo de los dineros públicos de la salud que han hecho perder billones de pesos»”.
El rifirrafe entre Lleras y Petro
El pronunciamiento hace referencia concreta a una publicación del presidente Petro, realizada el 8 de diciembre de 2024, en la que continuaba una serie de afirmaciones hechas en mayo y junio del mismo año.
En dicha publicación, el presidente señaló a varios políticos de estar vinculados con el mal manejo y la desviación de recursos públicos del sistema de salud, e incluso afirmó que familias como la de Germán Vargas Lleras, estarían “viviendo de los dineros públicos de la salud”.
Según el fallo, estas publicaciones, al no estar claramente diferenciadas del contenido del informe, podrían llevar a una persona desprevenida a asumir que hacen parte de sus conclusiones.
Así las cosas, el Consejo de Estado concluyó: “La parte accionada vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre invocados por el accionante. Por tanto, de conformidad con los criterios y parámetros constitucionales aplicados para la solución del caso planteado, hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados por el accionante”.
