La reciente decisión del Gobierno de Colombia de suspender la regla fiscal, amparado en la cláusula de escape de la Ley 1473 de 2011, ha generado preocupación por sus posibles efectos sobre la economía nacional y, sobre todo, sobre el bolsillo de los ciudadanos.
Aunque se trata de un término técnico, su impacto es tangible para los hogares colombianos.
¿Qué es la regla fiscal?
La regla fiscal es un mecanismo que limita el gasto del Estado para mantener bajo control el déficit y la deuda pública. Al suspenderla, el gobierno puede gastar más allá de los límites establecidos, con la promesa de mantener la inversión social y sin recortes al gasto primario estructural (educación, salud, pensiones, etc.).
Sin embargo, como lo explica Andrés Felipe Jiménez Cortés, experto de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, “suspender la regla fiscal implica que el gobierno tiene libertad para endeudarse más, lo que puede generar desconfianza entre inversionistas y organismos internacionales”.
¿Qué implica esta decisión para los ciudadanos?
- Más impuestos a la vista: El Ministerio de Hacienda ya planteó una nueva reforma tributaria con la que espera recaudar $19 billones adicionales. Aunque el discurso oficial apunta a que los más ricos pagarán más, los efectos indirectos —como mayores precios o impuestos al consumo— pueden impactar especialmente a la clase media.
- Riesgo de inflación: Un mayor gasto público sin respaldo de ingresos puede elevar el déficit fiscal, lo que presiona al alza la inflación, afectando el costo de vida de los colombianos.
- Menor estabilidad económica: La falta de control fiscal puede deteriorar la confianza en la economía, dificultando el acceso a crédito, frenando la inversión y aumentando la incertidumbre.
Otros efectos de suspender la Regla Fiscal
El gobierno busca mantener la inversión en programas sociales y servicios públicos, lo cual representa un beneficio para muchas familias. Sin embargo, si esta inversión no viene acompañada de mayores ingresos o una mejora en la eficiencia del gasto, podría incrementar el déficit fiscal y generar mayor presión para implementar futuras reformas o recortes.
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Esto podría traducirse, eventualmente, en ajustes que afecten subsidios o servicios esenciales.
Aunque el gobierno ha dicho que mantendrá el gasto estructural sin recortes, hacerlo sin mejorar la eficiencia o aumentar ingresos genera un riesgo fiscal. En palabras de Jiménez Cortés, “esto podría forzar recortes más adelante o deteriorar servicios públicos esenciales”.
