La Corte Suprema de Estados Unidos podría fallar este viernes sobre los límites propuestos por el presidente Donald Trump al derecho automático a la ciudadanía para niños nacidos en territorio estadounidense.
Esta medida, que afectaría a miles de bebés que nacen cada año mientras el presidente republicano, busca un cambio importante en cómo se ha entendido durante mucho tiempo la Constitución de EE. UU.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160, titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, que instruye a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía automática a los hijos nacidos en EE. UU. si ninguno de los padres es ciudadano o residente permanente legal. Según el gobierno, estos menores no estarían “bajo la jurisdicción” plena del país, reinterpretando la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.
Tras su firma, múltiples tribunales federales en Maryland, Washington y Massachusetts impusieron medidas cautelares que impiden su aplicación a nivel nacional. En respuesta, la administración Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, solicitando que solo las personas directamente afectadas por las demandas estuvieran protegidas, no toda la nación.
Con esto, a más de 150.000 recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes e inmigrantes embarazadas.
¿Qué decidirá la Corte Suprema de Estados Unidos?
El Tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, decidirá si las medidas cautelares emitidas por jueces de distrito pueden aplicar a nivel nacional o si deben limitarse a los demandantes específicos. No se pronunciará directamente sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva, es decir, sobre si Trump puede legalmente negar la ciudadanía a esos niños.
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La implicación práctica de esta resolución es crucial: de confirmarse que los jueces inferiores no pueden emitir injunciones nacionales, la orden ejecutiva podría empezar a aplicarse en todos los estados excepto aquellos cuyo caso siga activo.
En contraste, mantener bloqueada la medida a nivel nacional frena su puesta en marcha mientras continúa el litigio.
El derecho al nacimiento en EE. UU. está respaldado desde 1898 por el precedente United States v. Wong Kim Ark, que estableció que casi todos nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos, excluyendo pequeños grupos como hijos de diplomáticos.
Trump y sus partidarios enfrentan un desafío legal monumental al intentar modificar esta interpretación, pese a que la tradición legal y la mayoría del pensamiento constitucional lo respaldan.
El gobierno sostiene que la autoridad judicial no debería extender alcances más allá de los involucrados directamente en el litigio—una postura que también cuestiona la proliferación de injunciones nacionales en casos presidenciales recientes.
¿Qué sigue?
El Tribunal emitirá su fallo este 27 de junio de 2025, último día de su periodo actual. Un dictamen que limite las medidas cautelares nacionales será una victoria para Trump, facilitando la implementación de su orden en gran parte del país. Pero el fondo del asunto—la interpretación de la 14ª Enmienda—quedará sin resolver y volverá a los tribunales inferiores para una evaluación completa.
En cambio, si se mantiene la protección nacional, la orden ejecutiva seguirá bloqueada en todo EE. UU. mientras continúa el análisis constitucional en instancias inferiores.
