El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, ahora enfrenta cuestionamientos por presunto manejo irregular de recursos durante la intervención a la empresa de energía Air-e y prácticas para favorecer a su familia.
De acuerdo con una investigación de Cambio, la intervención a Air-e, empresa encargada de distribuir energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, no solo no resolvió el problema de fondo, sino que abrió un boquete de dudas sobre la gestión oficial.
La operación fue dirigida por Edwin Palma, en ese entonces designado como interventor y hoy ministro de Minas. Uno de sus primeros movimientos fue nombrar como gerente contable a su primo, Juan Pablo Nieto, lo que podría configurar nepotismo prohibido por la Constitución.
La presencia del familiar de Palma no fue un asunto menor. Según documentos obtenidos por el medio, Nieto informó a la Fiscalía que, a septiembre de 2024, los subsidios pendientes de pago por parte del Ministerio de Minas sumaban solamente $18 millones.
Sin embargo, actas firmadas por él mismo y por el propio Palma muestran que la deuda real ascendía a $335.000 millones. La contradicción levantó sospechas de un posible maquillaje de cifras con el fin de abrir espacio a nuevos recursos.
Durante la intervención, Air-e recibió préstamos por $148.000 millones de la Superintendencia de Servicios Públicos y giros adicionales del Ministerio.
Aunque el presidente Petro había ordenado no usar esos fondos para pagar pasivos anteriores, parte de ellos se destinaron a cubrir viejas deudas, entre ellas un pago de $30.000 millones a una firma del empresario William Vélez.
Más dudas en la gestión de Palma
Sumado a lo anterior, también hay otros contratos firmados durante la intervención bajo la lupa. Varios de ellos, por cientos de miles de millones, fueron adjudicados a empresas sin trayectoria en el sector y que recibieron cuantiosos anticipos.
En indagaciones por El Tiempo y W Radio, uno de los más sonados fue el que firmaron en febrero de 2025 con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), integrado en su mayoría por Macro Integral Soluciones S.A.S., una firma creada apenas 20 días antes, con un capital de solo $20 millones y sin experiencia en el mercado eléctrico. El contrato, destinado a la compra de materiales eléctricos, incluyó un anticipo de $14.000 millones, pese a que no se entregaron suministros equivalentes a esa suma. Posteriormente, el nuevo agente interventor suspendió el convenio al detectar alertas por sobrecostos en las órdenes de compra.
Edwin Palma ha rechazado los señalamientos, insiste en que todo se hizo bajo la ley y atribuye la controversia a “fuego amigo” dentro del gobierno.
La Fiscalía, entretanto, avanza en la recopilación de pruebas que podrían convertir este caso en un nuevo escándalo político con epicentro en la Casa de Nariño.
