La ProcuradurÃa General de la Nación encendió las alarmas sobre la empresa de energÃa Air-e S.A.S., con sede en Barranquilla, tras advertir presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la interventorÃa ejercida por Edwin Palma, hoy ministro de Minas y EnergÃa.
La solicitud al Superintendente de Servicios Públicos apunta a esclarecer si hubo uso indebido de dineros públicos en actividades ajenas a la operación del servicio.
Según los primeros hallazgos, bajo la gestión de Palma —interventor, entre octubre de 2024 y marzo de este año— se habrÃan autorizado pagos relacionados con eventos deportivos, en particular partidos de la Selección Colombia en Barranquilla.
Documentos citados en la investigación mencionan la compra de boletas y gastos asociados a los encuentros contra Ecuador, Paraguay y Perú, a los que el hoy ministro habrÃa asistido con familiares y acompañantes, cubriendo todo con recursos de la compañÃa.
Las investigaciones al ministro Edwin Palma
El jefe de cartera ha estado envuelto recientemente en presuntos actos de nepotismo. De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, uno de los primeros movimientos de Palma como interventor fue designar a su primo, Juan Pablo Nieto Egea, como gerente contable de la empresa. Esa cercanÃa familiar, según expertos, podrÃa configurar una violación al régimen de conflicto de intereses.
La situación se agrava con un detalle contable. Mientras Nieto informó a la FiscalÃa que la deuda en subsidios pendientes del Ministerio de Minas era de apenas $18 millones, actas firmadas tanto por él como por Palma registraban una cifra real de $335.000 millones. La contradicción levantó la sospecha de un eventual maquillaje de cifras para habilitar nuevos desembolsos.
A ello se suman contratos por cientos de miles de millones adjudicados durante la intervención a empresas sin trayectoria reconocida en el sector, varias de ellas con millonarios anticipos.
Con el cruce de versiones y documentos, la ProcuradurÃa pidió a la Superintendencia toda la información sobre contratos, nombramientos y gastos realizados entre octubre de 2024 y agosto de 2025. La FiscalÃa, por su parte, avanza en la recolección de pruebas.
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