Un borrador del proyecto de ley de competencias para reformar el Sistema de Participaciones (SGP) revela que la asignación de tareas a los territorios será “gradual, progresiva y simultánea” y especifica que los municipios solo recibirán nuevas competencias a medida que demuestren estar preparados para asumirlas.
A partir de 2027, el Gobierno nacional deberá aumentar las transferencias que hace cada año a las entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) con recursos del Presupuesto General de la Nación del 23 % al 39 % con el objetivo de darles mayor independencia a las regiones, según la ley.
La primera versión del proyecto divulgado por El Tiempo promete ser la mayor reforma al aparato estatal colombiano desde la Constitución de 1991. Por el momento, ha sido socializada con comunidades indígenas, con quienes se adelantó un proceso de consulta previa.
En detalle, el articulado se basa en un principio fundamental: las competencias deben ser ejercidas por “el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía”. Esto significa que los municipios serán los responsables directos de la prestación del servicio, sea salud, servicios públicos o educación.
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Por su parte, los departamentos asumirán la articulación regional y la cooperación técnica, sirviendo como un puente y apoyo para los municipios, y la Nación se encargará de la formulación de la política, la vigilancia y la evaluación de la ejecución de los recursos y funciones.
Sin embargo, la entrega de responsabilidades estaría condicionada, al menos en educación y salud, a una certificación municipal. Si un municipio no cumple con los requisitos, las funciones serán asumidas por el nivel departamental.
El proyecto contempla la posibilidad de que el nivel central retome temporalmente las funciones en caso de incumplimiento, pero con un plan para devolverlas en un plazo máximo de cinco periodos fiscales. También permite que los municipios y departamentos se “asocien libremente” para ejercer competencias de forma conjunta y así fortalecer la capacidad territorial, «fomentando la cooperación y el desarrollo institucional».
Nuevo criterio de distribución de recursos
Una de las transformaciones más significativas que plantea el borrador es el cambio en los criterios para la distribución de los recursos. El sistema actual que se basa en la cantidad de habitantes será reemplazado por uno que considera capacidades fiscales e institucionales, densidad poblacional y conectividad territorial.
Bajo esta nueva categorización, se dará prioridad a la asignación de recursos del SGP y se permitirá una libre destinación de fondos para gastos de funcionamiento e inversión en los municipios y departamentos con menor capacidad fiscal, es decir, en los niveles más bajos de la clasificación.
Además, se crea una categorización especial para zonas con prevalencia étnica, ambiental, vocaciones productivas o ruralidad, lo que permitirá excepciones y un apoyo diferenciado para la gestión territorial.
Finalmente, el texto enfatiza la necesidad de un mayor control ciudadano y territorial sobre la ejecución de los fondos, una medida crucial ante el aumento de la asignación de recursos a los gobiernos locales.
Vale la pena recordar que la ley de competencias es un requisito para la entrada en vigor de los nuevos cálculos de transferencias al SGP, luego de que el Congreso de la República aprobara el año pasado una reforma a este mecanismo por el cual la Nación transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar la prestación de servicios básicos.
El mismo Gobierno hizo cálculos de que radicaría el proyecto de ley el 20 de julio, al inicio de la última legislatura del actual Congreso, pues la reforma al SGP dio para la reglamentación de los cambios un plazo máximo de 24 meses.
Esta primera versión del proyecto de ley entrará próximamente en su fase de socialización con gremios como Fedemunicipios, Fededepartamentos y Fecode.
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