La vía al Llano, que ya completa 15 días con paso restringido debido a los deslizamientos de tierra, ha generado diversas tensiones y un impacto significativo en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Las afectaciones sociales y económicas derivadas de esta situación han puesto de nuevo en discusión la gestión de las obras de infraestructura en este corredor vial, considerado estratégico para la movilidad y el abastecimiento de la región.

En los últimos días, la controversia aumentó tras las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien manifestó en entrevista con Caracol Radio que el Ministerio de Transporte aún no ha dado respuestas claras ni ha iniciado obras concretas para habilitar el paso en esta vía. Según el mandatario departamental, la ausencia de acciones inmediatas agrava la situación de los habitantes y transportadores que dependen del corredor para sus actividades cotidianas y comerciales.

Frente a estas críticas, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió en el mismo medio de comunicación que el Gobierno Nacional sí ha hecho presencia en el sector desde el inicio de la emergencia. Señaló que uno de los puntos más críticos se encuentra en el kilómetro 18, donde se adelanta la remoción de una masa de tierra que continúa cayendo sobre la vía, lo que ha dificultado la intervención inmediata.

La funcionaria explicó que, hasta el momento, se han retirado cerca de 10.000 metros cúbicos de material, aunque los deslizamientos persisten. En consecuencia, el Gobierno ha priorizado acciones de monitoreo, instalación de sensores y trabajos de drenaje con el fin de mitigar riesgos y garantizar condiciones de mayor seguridad en la zona antes de avanzar con la reapertura del corredor.

Así avanzan los trabajos de recuperación de la Vía al Llano. Foto: ANI.

¿Quién tiene la responsabilidad en la ejecución de obras en la Vía al Llano?

Uno de los temas que más debate ha generado es la responsabilidad sobre la ejecución de las obras en la vía al Llano. Según declaraciones previas del gobernador Rey, citadas por el medio Alerta Bogotá, Coviandina —la concesionaria encargada de la vía— no habría realizado mantenimientos en los pozos de abatimiento ni en los canales de agua, además de omitir monitoreos y pruebas técnicas para definir las medidas necesarias frente a la inestabilidad de la montaña.

Sin embargo, la ministra Rojas aclaró que el contrato con la concesión excluye los puntos más críticos de inestabilidad geológica, lo que limita el alcance de Coviandina. De acuerdo con la funcionaria, las obras en estos tramos son responsabilidad directa del Estado, mientras que la concesionaria solo tiene a su cargo la administración y operación de los tramos uno y dos, correspondientes al sector entre Fundadores y Chirajara.

Esto implica que, en casos como los deslizamientos ocurridos en los kilómetros 18 y 58, es el Estado el que debe asumir la ejecución de las intervenciones necesarias. “Coviandina no va más allá de lo que se establece en el contrato”, puntualizó la ministra, subrayando que existen limitaciones contractuales que no pueden ser desconocidas.

Rojas también recalcó que la responsabilidad del Gobierno es responder a la ciudadanía, más allá de la relación contractual con la concesión. En sus palabras, el compromiso es poner en funcionamiento la vía Bogotá–Villavicencio lo más pronto posible, reconociendo la importancia de esta carretera para la conexión del centro del país con los Llanos Orientales.

Esto recalcó en en la concesión donde también destacaron que, efectivamente, por cuestiones de contratos, esta responsabilidad no recae en la empresa y será el Gobierno Nacional el encargado de seguir haciendo los estudios técnicos y de remover los escombros.