El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) publicaron para comentarios un proyecto de decreto que busca actualizar y fortalecer las reglas prudenciales aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC).
Esta iniciativa, que se dirige principalmente a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de categoría plena e intermedia, también se aplicaría a las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito.
Recomendado: Cooperativa Coasmedas proyecta 10 nuevas oficinas en Bogotá y apuesta por la transformación digital
El objetivo de la propuesta de decreto, disponible para la recepción de comentarios hasta el 7 de octubre, es introducir la cobertura de riesgo operacional y de mercado, mejorar la calidad del patrimonio técnico y actualizar el fondo de liquidez de las cooperativas y los fondos de empleados.
La normativa, aún en borrador, buscando alinear la regulación de estas firmas con los estándares internacionales más recientes, como el marco de Basilea III, un conjunto de normativas bancarias internacionales desarrolladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
A pesar de los avances regulatorios previos, existen brechas en la gestión de riesgos (crédito, mercado, operacional y liquidez) de estas empresas en comparación con las Cooperativas Financieras (CF) y los estándares globales.
Por ello, el objetivo de la propuesta es mejorar la calidad y cantidad del capital regulatorio, priorizando su capacidad de absorción de pérdidas, promover la revelación adecuada de los riesgos que asumen las entidades y cerrar las brechas de regulación prudencial frente a los estándares locales e internacionales, tomando en cuenta la segmentación de las organizaciones.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito captan depósitos para colocarlos nuevamente a través de operaciones de crédito e inversiones. A diciembre de 2024, operaban 172 entidades de este tipo vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y contaban con activos por $13 billones.
Otra fuente indica que los activos ascendían a $22 billones, con 3 millones de asociados.
Nuevas reglas prudenciales y cobertura de riesgos
El proyecto de decreto introduce una segmentación de la regulación prudencial según las categorías de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los principales ajustes se centran en el patrimonio técnico y la cobertura de riesgos para las categorías plena e intermedia.
Por un lado, se busca depurar el patrimonio técnico de cuentas que no tienen capacidad de absorción de pérdidas y se proponen nuevas exigencias de solvencia, como un mínimo del 4,5 % en la relación de solvencia básica (relación entre el patrimonio básico neto de deducciones y el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y operacional) y del 3 % en la relación de apalancamiento, además de un colchón de conservación del 1,5 % del valor de los activos ponderados por nivel de riesgo (crediticio, de mercado y operacional) en el patrimonio básico.
Por otro lado, la propuesta exige que el cálculo de los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo (APNR) sea más sensible, utilizando calificaciones externas y considerando más categorías de contraparte, como un riesgo operacional de pérdidas por fallos en procesos, personal o sistemas entre el 4,5 % y el 9 %, que se incluye en el cálculo de la relación de solvencia total, y un riesgo de mercado que abarca las pérdidas derivadas de movimientos en los precios de instrumentos financieros (tasas de interés, tipos de cambio).
La actualización normativa también es relevante para los Fondos de Empleados de categoría plena, ya que modifica el régimen del fondo de liquidez aplicable a ellos.
El decreto busca ajustar las reglas del fondo de liquidez para que cumpla mejor su objetivo de absorber choques temporales y permitir un manejo más eficiente de los recursos.
La propuesta establece que el fondo de empleados debe estar constituido únicamente por activos líquidos de alta calidad, específicamente cuentas de ahorro o corrientes en establecimientos de crédito vigilados y Títulos de Tesorería (TES) emitidos por el Gobierno nacional.
Adicionalmente, se plantea suprimir el comité de liquidez de las organizaciones para evitar duplicidad administrativa, dado que ya cuentan con un comité de riesgos encargado de revisar todos los riesgos.
La URF anticipa un impacto positivo
En términos de solvencia, la URF estima que las Cooperativas de Ahorro y Crédito de categoría plena e intermedia contarían con capital suficiente para cumplir con todas las nuevas relaciones.
De aprobarse el decreto, la relación de solvencia total aumentaría, situándose en 30,5 % para las CAC plenas y 29,6 % para las intermedias (frente a un límite mínimo del 9 %). Además, las plenas tendrían suficiente patrimonio básico para cumplir con el colchón de conservación.
Por su parte, el valor de los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo (APNR) disminuiría, alrededor de $1,5 billones para las plenas y $1,6 billones para las intermedias, debido principalmente al ajuste de ponderadores de la cartera crediticia.
Respecto al fondo de liquidez para las cooperativas y los fondos de empleados plenos, aunque el tamaño efectivo del fondo promedio se reduciría, la exigencia de mantener activos de alta calidad generaría la necesidad de reajustar sus tenencias.
Además, se estableció un régimen de transición de 36 meses para que las entidades den cumplimiento a las disposiciones, mientras que la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) contará con 18 meses para expedir las instrucciones necesarias.
