El gobierno de Estados Unidos amaneció este miércoles oficialmente cerrado, después de que republicanos y demócratas no lograran un acuerdo para financiar las operaciones estatales bajo la administración de Donald Trump.
El llamado government shutdown significa que, al no aprobarse a tiempo el presupuesto o una ley de gasto temporal, el aparato federal se queda sin autorización legal para funcionar en múltiples frentes.
Por ello, agencias y oficinas públicas empiezan a suspender actividades, y miles de empleados son enviados a casa sin salario o deben continuar trabajando sin paga hasta nuevo aviso.
Un pulso recurrente
Desde 1976, cuando se instauró el actual proceso presupuestario, Estados Unidos ha registrado 20 cierres de gobierno. Sin embargo, este es el primero en casi siete años y llega en un momento particularmente tenso.
Trump ha dedicado gran parte de su mandato a reducir el tamaño del Estado y a imponer fuertes recortes, lo que ha endurecido el pulso con los demócratas.
Ambos partidos, mientras tanto, se culpan mutuamente. Los republicanos presionan para extender el financiamiento actual por siete semanas más, sin mayores cambios, mientras que los demócratas se niegan a dar sus votos sin concesiones en temas clave. La Casa Blanca, por su parte, acusa directamente a la oposición de haber provocado la crisis.
¿Qué implica el cierre?
Los planes de contingencia ya están activados. Parques nacionales, museos y oficinas administrativas comienzan a cerrar sus puertas. El correo, la defensa y la seguridad nacional siguen operando, aunque con personal reducido. Para los trabajadores federales, el impacto es inmediato: miles enfrentan licencias sin sueldo —conocidas como furlough— y otros deben seguir en sus puestos sin percibir salario hasta que el Congreso desbloquee los recursos.
Cada agencia cuenta con protocolos que detallan qué operaciones se suspenden y cuántos funcionarios se quedan en pie para mantener lo indispensable.
Costos políticos y económicos
Los cierres no son solo una parálisis administrativa: también cuestan. El último, en 2018-2019, duró 35 días, el más largo en cuatro décadas, y le significó al país unos US$ 3.000 millones en pérdidas de PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Senado prevé votar de nuevo sobre la propuesta republicana, pero no está claro cuántos días —o semanas— podría prolongarse el cierre.
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