El Gobierno de Colombia presentó al país el borrador de la “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, un proyecto que busca replantear de fondo las reglas del sector minero con un enfoque de justicia social, sostenibilidad y transición energética.
Sin embargo, la iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que advierte que se trata de una “ley anti-minera” que pondría en riesgo la inversión privada, la seguridad jurídica y la competitividad de la industria.
Una propuesta de transformación estructural
De acuerdo con el borrador del articulado elaborado por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la UPME y el Servicio Geológico Colombiano, la propuesta responde a más de quince meses de mesas de trabajo, foros gremiales, audiencias regionales y la Cumbre Nacional Minera.
El texto plantea principios que reconfiguran el sector, entre ellos:
- Soberanía sobre los minerales, que reafirma que estos son propiedad exclusiva del Estado.
- Prevalencia del agua y protección ambiental, con la prohibición de minería en páramos, parques naturales, humedales Ramsar, manglares y ecosistemas estratégicos.
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- Planificación socioambiental con enfoque territorial, que busca que municipios, comunidades étnicas y autoridades locales tengan participación en la definición de Zonas Aptas para la Minería (ZAM).
- Apoyo a la minería artesanal y de pequeña escala, con medidas diferenciadas para formalización, sustitución y reconversión productiva.
El Gobierno sostiene que esta ley es la primera diseñada de manera abierta al debate ciudadano y con consulta previa, con el objetivo de que la minería sea parte de una economía productiva y un motor de la transición energética justa.
Las críticas de la industria: “una ley anti-minera”
La ACM, gremio que agrupa a las principales compañías del sector, manifestó su rechazo frontal al articulado. Según el presidente del gremio, Juan Camilo Nariño, la propuesta excluye de manera directa la iniciativa privada y promueve un modelo estatizado y centralista.
“Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la minería, que limita de manera significativa la libertad de empresa y que propicia un monopolio estatal. De expedirse, el sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes, dejando a los territorios expuestos a la explotación ilícita de minerales, en manos de organizaciones criminales, con las consecuencias sociales y ambientales que esto acarrea”, aseguró Nariño.
El gremio advierte, además, que el borrador multiplica las áreas de exclusión y restricción de manera indiscriminada, lo que equivaldría a una “expropiación indirecta” de títulos mineros ya vigentes.
Uno de los puntos más sensibles para la ACM es la prohibición absoluta de nuevas operaciones de carbón térmico.
De acuerdo con la Asociación, la medida se plantea “sin un plan claro, sin rigor técnico y sin evaluar los impactos sociales, fiscales o energéticos”, lo que podría afectar miles de empleos y los ingresos con los que hoy se financian la Nación y las regiones productoras.
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“Esta no es una Ley Minera, es una Ley anti-minera, porque no promueve el crecimiento del sector, por el contrario, lo debilita. Porque vulnera la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Valores constitucionales que deben ser respetados por cualquier ley de la República”, recalcó Nariño.
Puntos de fricción: discrecionalidad y falta de diálogo
Otro de los cuestionamientos de la ACM se dirige a la discrecionalidad otorgada a la Autoridad Minera para decidir dónde y en qué condiciones podrá desarrollarse la minería.
Para el gremio, no hay criterios claros, lo que abre la puerta a incertidumbre jurídica y a decisiones centralizadas sin contrapesos democráticos.
Además, la Asociación denuncia que, a pesar de haber presentado observaciones técnicas y jurídicas hace más de un año, estas nunca fueron discutidas en escenarios de diálogo real.
En línea con el punto de vista de la industria, la ausencia de un proceso participativo con los empresarios y trabajadores del sector deja dudas sobre la legitimidad de la propuesta.
“Una ley de esta trascendencia, que busca redefinir las reglas de juego para toda una industria, para todo un país, no puede ser elaborada sin escuchar a quienes la desarrollan de manera legítima en el territorio”, concluyó Nariño.
El Congreso, escenario decisivo
El proyecto, que será radicado formalmente ante el Congreso tras la etapa de consulta previa y recepción de comentarios ciudadanos, promete un intenso debate político y social.
El Gobierno Petro defiende que se trata de un marco normativo moderno que articula minería, transición energética y justicia social.
El gremio minero, en contraste, advierte que Colombia se encamina hacia un aislamiento en materia de inversión y competitividad, en momentos en que otros países promueven regulaciones para atraer capital y fortalecer la seguridad jurídica.
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La disputa, en últimas, refleja el dilema de fondo: ¿cómo balancear la necesidad de avanzar hacia una economía más sostenible y menos dependiente del carbón, con la importancia que la minería aún tiene para las finanzas públicas, la inversión extranjera y el empleo en las regiones?
El desenlace dependerá del pulso político en el Congreso, de la capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y la industria, y de las respuestas que el país logre construir para que la minería sea, como insiste el Gobierno, un motor de la transición y no un obstáculo para ella.
Lea el articulado del proyecto para une nueva Ley Minera en Colombia aquí.
