Desde hace días se han cruzado versiones sobre si las tarifas de energía eléctrica cobradas por Air-e —la empresa que presta servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira (al norte de Colombia)— han disminuido o no.
El Gobierno Nacional sostiene que sí, mientras que actores del sector y veedores cuestionan que ese efecto se refleje en los recibos de los usuarios. El debate apunta a implicaciones económicas, regulatorias y operativas profundas para la región Caribe.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) afirma que, durante el periodo en que la empresa Air-e está intervenida, se logró una reducción del 25 % en la tarifa eléctrica para los usuarios de la Costa Caribe. Según el ente de control, el precio por kilovatio hora pasó de $1.072 en agosto de 2024 a $796 para septiembre de 2025.
Esta disminución sería la que los usuarios verían reflejada en sus facturas de octubre.
Ese valor de $796 por kWh, de acuerdo con SuperServicios, ubica a la tarifa de Air-e como la tercera más baja del país, con una diferencia de $106 menos frente al promedio nacional para septiembre de 2025, que rondó los $902/kWh.
El superintendente Felipe Durán Carrón calificó la reducción como un dato histórico y aseguró que es fruto del proceso de intervención estatal y de una articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), la Superservicios y la propia empresa.
Entre las medidas que habrían permitido esa rebaja se mencionan:
- El desmonte del régimen tarifario especial que regía para Air-e.
- Ajustes al cargo de comercialización del servicio.
- La extensión del plazo de la opción tarifaria para los usuarios del Caribe.
Por su parte, el Gobierno Nacional a través de sus voceros publicó comunicados en los que indica que la intervención en Air-e permitió aliviar los costos del servicio eléctrico para la población de la región Caribe, especialmente para los estratos más bajos.
La noticia fue difundida por la SuperServicios en la que se asegura que, debido a su intervención en Air-e, bajaron las tarifas de energía eléctrica en el Caribe.
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Las dudas: ¿se refleja realmente esa rebaja en las tarifas de energía con la intervención de Air-e?
Sin embargo, aunque las instituciones oficiales afirmen la disminución, algunos usuarios, analistas y medios locales advierten que esa rebaja no está siendo percibida de modo claro y uniforme en los recibos mensuales de energía.
El argumento central es que, entre los componentes que conforman el precio final que paga un consumidor (distribución, comercialización, impuestos, subsidios, cargos regulados, pérdidas, entre otros), la reducción anunciada podría diluirse o no trasladarse de forma integral.
Un informe publicado anteriormente por ObservadoresCol señalaba que, pese a los anuncios, no se habían bajado las tarifas de energía efectivas para muchos usuarios de la zona de Air-e.
El mencionado informe expone la falta de coincidencia entre el balance oficial y lo que sería la perceptible (divulgada en el reporte de ObservadoresCol). Es por eso que se cuestionan los siguientes aspectos:
- La base de comparación: comparar agosto de 2024 con septiembre de 2025 puede ocultar ajustes extraordinarios, subsidios transitorios o provisionales que no perduren.
- El efecto de los distintos cargos y tarifas zonales: los componentes adicionales del recibo (impuestos municipales, IVA, cargos locales, pérdidas técnicas) pueden contrarrestar la rebaja aplicada al kilovatio base.
- El retraso en la implementación técnica del cambio tarifario: el nuevo esquema debe estar operacionalmente activo en los sistemas de facturación de la empresa.
- Desconfianza en la sustentación contable: los usuarios han pedido mayor transparencia en los estados financieros de Air-e para verificar cómo se tradujo esa reducción en costos.
Por ejemplo, usuarios entrevistados en medios regionales han indicado que sus facturas siguen llegando con importes muy parecidos a meses anteriores, o con variaciones mínimas que no concuerdan con una rebaja del 25 %. Algunos atribuyen esto a ajustes por consumo, impuestos municipales o irregularidades en la lectura de medidores.
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Estratos bajos, sin alivio en las facturas
El informe del observatorio ObservadoresCol Data & Analytics contradice los anuncios oficiales sobre una reducción general de las tarifas eléctricas en la Costa Caribe.
Según el estudio, los usuarios de los estratos 1 y 2 -que representan el 74,6 % de los clientes de Air-e- no han tenido una disminución en sus tarifas, pese a los comunicados de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Minas y Energía.
De acuerdo con el análisis, aunque los estratos 3, 4, 5 y 6 sí registraron una leve reducción en el costo total del kilovatio hora (kWh) desde la intervención de la empresa por parte de Superservicios en septiembre de 2024, los hogares de menores ingresos no se han beneficiado por dos razones principales:
- Falta una resolución de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que autorice los descuentos en los estratos subsidiados.
- El entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, no aprobó la reducción porque esos estratos ya contaban con subsidios previos.
En consecuencia, ni el actual ministro de Energía, Edwin Palma Egea, ni los tres ministros de Hacienda, han gestionado medidas para beneficiar a los 832.056 suscriptores de estratos bajos, que representan una población cercana a 3,3 millones de personas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El informe resalta además que el subsidio para los estratos 1, 2 y 3 solo cubre hasta 173 kWh mensuales, cuando el consumo promedio en la región es de 354 kWh. Esto significa que más de la mitad del consumo (51,1 %) no tiene subsidio, lo que anula gran parte del beneficio anunciado.
Una baja tarifaria limitada y desigual
Los datos recopilados por ObservadoresCol muestran que, si bien el costo total del kWh bajó de $1.069 en 2024 a $923 en 2025, las reducciones provienen principalmente de los componentes de generación y pérdidas técnicas.
- El componente de generación pasó de $420 en julio a $346 en septiembre de 2025, una reducción del 17,6 %.
- Las pérdidas se redujeron de 118 pesos en mayo a $85 en septiembre, una caída del 28 %.
Según el informe, esta tendencia no se debe a la intervención de Air-e, sino a condiciones coyunturales favorables, como el alto nivel de embalses del 80,9 % en el país que permitió generar energía hidráulica a menor costo.
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El observatorio advirtió también que, pese a la aparente mejora en algunos indicadores, la empresa Air-e aumentó su deuda en un 124 % con entidades financieras, proveedores y empresas generadoras desde que fue intervenida.
“Nos preocupa que la Superintendencia no haya fortalecido las reservas financieras del fondo empresarial para saldar esas deudas, ni se vean resultados concretos frente a las denuncias de corrupción que involucran a funcionarios de la empresa”, señala el documento.
El informe añade que la Fiscalía General de la Nación aún no ha avanzado en las investigaciones por presunto detrimento patrimonial en las que, según ObservadoresCol, estaría mencionado el actual ministro de Energía, Edwin Palma Egea, en su condición de antiguo agente interventor de Air-e.
Asimismo, la Contraloría General de la República anunció un nuevo control fiscal mediante un “tablero de seguimiento” para verificar el pago de compromisos pendientes con las empresas generadoras de energía.
Las tarifas de energía sí bajaron, pero no para todos
El estudio concluye que la reducción real de las tarifas en la Costa Caribe beneficia principalmente a los estratos medios y altos, mientras que los hogares más pobres continúan pagando valores similares a los de 2024.
“Se necesita acción inmediata del Gobierno y de la CREG para corregir la inequidad tarifaria y hacer efectiva la promesa de alivio para los estratos 1 y 2”, enfatiza el informe.
ObservadoresCol también pidió al Ministerio de Minas y Energía publicar cifras claras y desagregadas por estrato, así como detallar los componentes tarifarios que se están aplicando en la región.
La situación plantea un panorama complejo: aunque los indicadores técnicos muestren mejoras parciales, el alivio que esperaba la mayoría de los usuarios —los más vulnerables del Caribe colombiano— sigue sin llegar a los recibos de la luz.
Contexto histórico y medidas anteriores
La intervención de Air-e no es nueva: desde inicios de 2024, las tarifas del servicio eléctrico en la Costa Caribe habían generado fuertes críticas por alzas abruptas y por un desbalance económico de la empresa.
En algunas zonas se reportaron incrementos del 500 % para ciertos usuarios que pasaron de una tarifa residencial a una tarifa comercial por errores en clasificación o componentes regulatorios déficits.
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Frente a esa situación, comunidades, autoridades locales y el Gobierno hicieron llamados urgentes para que se ajustara el sistema tarifario. En ese marco, la Superintendencia decidió intervenir a la empresa para revisar su operación, equilibrar la carga regulatoria y garantizar precios más justos.
En el último año, pues, se han hecho múltiples esfuerzos para estabilizar tarifas, revisar subsidios y aplicar mecanismos de alivio para las familias más afectadas.
Pero los críticos advierten que la intervención no puede quedarse solo en ajustes técnicos o medidas transitorias: para lograr una reducción sostenida, se necesitan inversiones en red, eficiencia operativa, control de pérdidas y mecanismos de subsidio social.
Riesgos, retos y lo que viene
La divergencia entre lo anunciado y lo percibido abre varios interrogantes clave para el servicio eléctrico en la Costa Caribe:
- Credibilidad institucional: si los usuarios no ven el efecto concreto de la rebaja, la confianza en las instituciones reguladoras y prestadoras puede erosionarse.
- Transparencia tarifaria: será vital que las autoridades y Air-e publiquen desgloses claros de costos, tarifas reguladas, subsidios aplicados y cómo se distribuyen los beneficios de la intervención.
- Sostenibilidad financiera de Air-e: una rebaja considerable sin cubrir los costos operativos puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa, lo que a largo plazo podría traer cortes, endeudamientos o deterioro del servicio.
- Mantenimiento de la intervención: será importante que el Estado mantenga controles rigurosos mientras la empresa recupere su equilibrio.
- Presión de los gobiernos locales y usuarios: los municipios y usuarios exigirán resultados tangibles. Si la rebaja no se siente en los recibos, podrían surgir acciones legales, protestas o reclamaciones colectivas.
- Nuevo ajuste o reversión tarifaria: si las condiciones del mercado energético, los insumos (combustibles, eficiencia, pérdidas técnicas) cambian, podría intentarse un nuevo ajuste al alza o restricciones al efecto de la intervención.
La tensión entre lo que se anuncia y lo que los usuarios reciben marca el pulso de esta coyuntura energética en el Caribe colombiano. Que la SuperServicios y otras entidades visibilicen una reducción del 25 % es un paso significativo, pero los ciudadanos esperan que esa promesa se traduzca en facturas más livianas, no solo en comunicados y cifras.
Mientras tanto, Air-e y las autoridades tienen la tarea urgente de converger en mecanismos técnicos, contables y operativos que aseguren que la rebaja sea real, sostenible y transparente. Para muchos usuarios, ese es el verdadero termómetro de lo que significa “bajar las tarifas de energía” en su bolsillo.
