Este viernes, la constructora Conconcreto informó por medio de un comunicado que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró que no tiene competencia para continuar con la demanda que presentó Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra el Consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, por un valor cercano a los $9,9 billones.
“El Tribunal declaró la falta de jurisdicción y competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las pretensiones formuladas en dicho proceso, al constatar que las materias objeto de controversia fueron plenamente resueltas por el Tribunal de Arbitramento constituido ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el cual profirió laudo definitivo el 10 de diciembre de 2024”, expresó la constructora en el documento.
Ante eso, establecieron que el Consorcio CCC Ituango -integrado por Camargo Correa Infra Limitada, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H S.A.S.- “no fue responsable del colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) ocurrido en abril de 2018”.
Contexto de la demanda
Hasta 2019, EPM había sostenido ante las autoridades ambientales, los organismos de control y las aseguradoras que la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018 había sido un “accidente imprevisible”.
Sin embargo, en 2020, el entonces alcalde Daniel Quintero insistió a la empresa a cambiar de postura. En agosto de ese año, cuando Quintero anunció la presentación de una demanda, la Junta Directiva de EPM renunció en pleno, argumentando que el alcalde había pasado por encima de sus competencias.
Finalmente, la demanda fue presentada en enero de 2021, pero dos meses después el Tribunal Administrativo de Antioquia la rechazó por errores tanto de forma como de fondo.
Durante ese tiempo, la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal dentro de un proceso, y las aseguradoras, por su parte, llegaron a un acuerdo con EPM para el pago de US$983 millones, equivalentes a cerca de $4,3 billones.
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