Con una votación unánime —116 votos a favor y ninguno en contra— el Congreso aprobó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.
La modificación redefine la manera en que el Estado calcula y transfiere los recursos a las universidades públicas del país.
La decisión destraba un debate de vieja data: cómo garantizar un financiamiento suficiente, estable y sostenible para las instituciones de educación superior (IES) oficiales, que durante décadas han denunciado un rezago estructural en sus presupuestos.
Un cambio en la «fórmula» de financiación
El corazón de la reforma está en el ajuste de la base presupuestal, es decir, el monto mínimo que el Estado garantiza cada año a las universidades públicas.
Hasta ahora, ese cálculo se actualizaba con base en la inflación (IPC). Con la nueva norma, el ajuste se hará a partir del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE, que refleja de manera más precisa los gastos reales del sector: funcionamiento, salarios, matrículas e inversión.
En la práctica, esto implica que los recursos crecerán al ritmo de los costos reales que enfrentan las universidades y no según la inflación general de la economía. Adicionalmente, la reforma eleva el crecimiento de los aportes adicionales de la Nación, que pasarán a aumentar en un porcentaje no menor al 70 % del PIB real, frente al 30 % que se aplica hoy.
Más recursos y coberturas territorial
La ley también establece recursos adicionales permanentes, tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales, orientados a ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer la permanencia y graduación de los estudiantes, mejorar el bienestar universitario y ampliar las plantas de profesores y personal administrativo.
El nuevo esquema no solo cobija a las universidades, sino también a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales. A mediano plazo, la norma fija un compromiso ambicioso: que en los próximos 15 años la inversión en educación superior pública crezca progresivamente hasta alcanzar el 1 % del PIB, acercando a Colombia a estándares internacionales.
Tras la aprobación, el ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró el resultado y aseguró que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso”. Para el funcionario, la reforma tiene un fuerte componente político y social: “Este proyecto es, sobre todo, una victoria del movimiento estudiantil, una victoria de la juventud colombiana”.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) puso el acento en las restricciones fiscales del país. “Lo que pedimos, señores congresistas, es que demos la plata con unos criterios que permitan que el país responda a las realidades fiscales, hoy muy precarias”, advirtió.
En una línea crítica, pero desde un partido independiente, el senador Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) cuestionó el alcance real de la reforma. “Hoy se está vendiendo este proyecto de ley como un gran triunfo. Yo creo que esto no es un triunfo para la educación superior. La Ley 30 tiene 144 artículos y estamos modificando dos, solo la parte financiera”, señaló.
El proyecto quedó listo para la sanción presidencial. Una vez Gustavo Petro firme la ley, su implementación comenzará a reflejarse.
