La industria colombiana del calzado está cediendo terreno en el mercado interno. Según cifras de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el cuero y sus Manufacturas (Acicam), solo el 35 % del calzado que se consume en el país es producción nacional formal, una participación que se ha reducido por el avance de las importaciones y el crecimiento de la informalidad. Para el gremio, esta tendencia ya tiene efectos visibles sobre el empleo formal y la sostenibilidad de las empresas del sector.
Así lo señaló Marcela Caicedo Ríos, presidenta ejecutiva de Acicam, quien explicó que el sector aún no se recupera por completo del golpe de la pandemia y hoy enfrenta un entorno más exigente. Cambios en la forma de vestir, inventarios acumulados y una competencia cada vez más centrada en el precio ha obligado a muchas empresas a ajustar su producción y replantear su modelo de negocio.
De acuerdo con Marcela, 2025 ha sido un año marcado por la necesidad de dar salida a inventarios acumulados durante los últimos dos años, lo que se tradujo en temporadas de descuentos prolongadas. Al mismo tiempo, las empresas han reducido volúmenes y optado por producir contra pedidos específicos, con el objetivo de evitar sobrecostos en almacenamiento y logística.
Importaciones e informalidad presionan a la industria local
Actualmente, cerca del 33 % del calzado que se vende en Colombia es importado, mientras que la informalidad ya representa alrededor del 27 % del mercado, una participación que, según Acicam, sigue creciendo. Este escenario ha reducido el espacio para la producción nacional formal y ha intensificado la competencia en precio, especialmente frente a productos de bajo costo provenientes de Asia.
Las cifras muestran con mayor claridad la dimensión del reto. En Colombia se consumen cerca de 120 millones de pares de calzado al año, de los cuales solo el 35 % corresponde a producción nacional formal. El resto del mercado se reparte entre importaciones (33 %), informalidad (27 %) y contrabando (alrededor del 5 %), una estructura que, según Acicam, evidencia las distorsiones que enfrenta la industria local frente a productos que ingresan por fuera de la formalidad.
Para el gremio, el impacto va más allá de las empresas. “El mercado colombiano sigue siendo altamente sensible al precio, y competir contra productos que ingresan a valores muy bajos es extremadamente difícil para la industria local”, señaló Marcela Caicedo, al advertir que la informalidad y el contrabando también afectan el empleo y el recaudo.
En este contexto, Acicam ha insistido ante el Gobierno en la necesidad de extender y actualizar los umbrales arancelarios que vencen a finales de este año. Estos mecanismos buscan frenar el ingreso de productos subvalorados, pero hoy siguen basándose en precios de 2019, que ya no reflejan los costos reales de producción.
Hoy, los productos de calzado declarados por debajo de US$6 pagan un arancel del 35 %, mientras que aquellos que ingresan por encima de US$8 pagan un 15 %, umbrales que no se actualizan desde 2019. “Un zapato que hace cinco años podía producirse a ciertos valores hoy cuesta mucho más, pero sigue entrando al país declarado en esos rangos”, explicó la presidenta del gremio.
Además del mercado interno, Acicam ve en la exportación una oportunidad para ganar estabilidad productiva. El consumo local es altamente estacional, concentrado en fechas específicas del año, lo que genera periodos de baja actividad. Vender en el exterior permitiría a las empresas mantener una producción más constante.
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A esto se suma el reto de la mano de obra. El sector enfrenta un envejecimiento de sus trabajadores y dificultades para atraer relevo generacional. En paralelo, el gremio insiste en facilitar el acceso a crédito para tecnificación, como una vía para mejorar productividad y compensar la escasez de personal.
Para Acicam, si no se actualizan las reglas de juego y no se corrigen las distorsiones del mercado, la industria nacional seguirá perdiendo espacio frente a productos importados e informales. El reto, no es solo del sector, sino de las decisiones de política económica que se tomen para proteger y fortalecer la producción formal en Colombia.
