Aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido en que su Gobierno enfrenta un “bloqueo institucional” en el Congreso —argumento que ha servido de base para reforzar la tesis de una Asamblea Constituyente—, el balance legislativo muestra que varias de sus principales iniciativas sí lograron superar el trámite parlamentario durante los primeros años de su mandato.
Entre los proyectos que recibieron el aval del Congreso se cuentan el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, la Ley de Paz Total, la reforma laboral y la reforma pensional —esta última aún bajo revisión de la Corte Constitucional—.
A esta lista se suman la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, la reforma que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, los cambios al Sistema General de Participaciones, la prohibición de las corridas de toros y la reforma a la Ley 30, que incrementó los recursos para la educación superior pública.
También figura la reforma al Código Electoral, que fue aprobada por el Legislativo, pero posteriormente declarada inexequible por la Corte Constitucional.
El sinsabor de la recta final de Petro
No obstante, el cierre de la última legislatura dejó un balance claramente adverso para el Ejecutivo. De los 22 proyectos de ley que el Gobierno radicó, solo dos lograron convertirse en ley: el Presupuesto General de la Nación y la reforma a la Ley 30. El resto de la agenda oficial quedó estancada, sin mayor tracción en las comisiones ni en las plenarias.
Sobre este panorama, Juliana Ocampo, socia de la firma Orza, advirtió que la caída en la efectividad legislativa del Gobierno no es un fenómeno coyuntural, sino parte de una tendencia sostenida.
“En las dos primeras legislaturas la efectividad rondó el 33 %, cayó al 22 % en la tercera y se desplomó al 4,5 % en el primer periodo de la última”, explicó. A su juicio, este comportamiento refleja un deterioro progresivo de la capacidad del Ejecutivo para estructurar y sostener mayorías en el Congreso.
Datos de Sonar, herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios, confirman este diagnóstico. Durante el primer semestre de la legislatura 2025–2026 se radicaron 711 proyectos de ley, con una tasa mínima de archivo y un número reducido de iniciativas que lograron completar todo su trámite. El Congreso operó más como un espacio de acumulación de proyectos que como un escenario de cierre normativo.
La Cámara de Representantes concentró cerca del 60 % de las iniciativas radicadas, mientras que el Senado agrupó el 40 %, ratificando a la Cámara como la principal puerta de entrada de la actividad legislativa. Sin embargo, esta dinámica también ha contribuido a la congestión del sistema.
Para María Jimena Escandón, también socia de Orza, el problema va más allá del desempeño del semestre. Al cierre de la tercera legislatura (2024–2025), 328 proyectos que no fueron archivados ni aprobados quedaron activos y pasaron automáticamente a la legislatura 2025–2026. Esta congestión se concentra, especialmente, en las comisiones primera, sexta y séptima, donde se han formado cuellos de botella que limitan la evacuación efectiva de la agenda.
En términos temáticos, los proyectos activos se concentran en cultura y honores (22,7 %), medio ambiente (9,4 %), educación (9,4 %), transporte (5,8 %) y asuntos laborales (5,8 %), una composición que profundiza la fragmentación y amplía la brecha entre radicación y aprobación.
Proyectos clave del Gobierno, sin tracción
Las principales apuestas legislativas del Ejecutivo llegaron al cierre del periodo detenidas o sin avances sustanciales. La Ley de Financiamiento fue rechazada por falta de consensos en las comisiones económicas; el proyecto de reactivación económica, conocido como “plan B”, se quedó sin tiempos ni sesiones adicionales.
La reforma a la salud está a la espera de que se decida sobre un recurso de apelación.
La firma finalmente sostiene que, con el inicio del receso legislativo, el Congreso cerró el año en medio de baja asistencia, reducción de la actividad plenaria y un desplazamiento de prioridades hacia las regiones y las campañas. De cara a 2026, el margen para destrabar reformas estructurales luce limitado: el Legislativo regresará el 16 de febrero y, con las elecciones legislativas del 8 de marzo en el horizonte, los incentivos para asumir costos políticos por iniciativas del Gobierno tienden a disminuir de forma significativa.
Ahora, el presidente refuerza la idea de convocar a una Asamblea Constituyente por ese “bloqueo” en el Congreso, la cual plantea cambios en Banco de la República, un modelo económico con mayor peso estatal y un tribunal constitucional.
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