La insistencia del presidente Gustavo Petro en la convocatoria de una Asamblea Constituyente empieza a ser leída por analistas políticos menos como una apuesta institucional viable y más como una estrategia de posicionamiento político en el ciclo electoral de 2026.
Valora Analitik consultó a varios expertos para evaluar si la Constituyente se ha convertido en un mecanismo de intervención política, capaz de incidir en la agenda electoral aun cuando su viabilidad jurídica y política es limitada.
Para Gonzalo Araújo, analista político y socio de la firma Orza, la iniciativa no puede entenderse únicamente como una maniobra coyuntural. “El Pacto Histórico está instaurando narrativas de largo plazo que sirven a los propósitos electorales en el corto, pero que tienen una alta correlación con su ideario e ideología”, señaló.
A su juicio, el oficialismo confía en que podrá recolectar sin mayores dificultades las firmas necesarias para llevar la propuesta al Congreso, con la mira puesta en convertirse en mayoría legislativa en 2026 e instalar, desde entonces, la discusión sobre un cambio constitucional.
El debate: del Congreso a la calle
Araújo considera que la narrativa de “bloqueo institucional” cumple un rol central en esta estrategia. Según explicó, funciona como un instrumento para activar las bases electorales, al presentar una sociedad dividida entre “poderosos” y “pueblo”, y a una clase política capturada por intereses corporativos. “El objetivo del presidente y del Pacto Histórico es trasladar el debate del Congreso a la calle, elevando el tono de una sociedad enfrentada entre clases, entre opresores y oprimidos”, afirmó.
Otra lectura hace Carlos Moreno, experto en análisis político, quien advierte que el impacto electoral de la Constituyente dependerá en buena medida de cómo actúe el propio Congreso. “Si el Congreso dilata la discusión, la Asamblea Constituyente quedaría fuera de la agenda y de la campaña, aunque reforzaría el discurso de bloqueo del Gobierno; si, en cambio, la incluye, los congresistas podrían usar el debate para desmarcarse del Ejecutivo, pero convertirían la Constituyente en el eje central de la contienda electoral, a menos de que la discusión se tramite de forma acelerada”.
Moreno también cuestiona la idea de un bloqueo estructural: “El régimen político está diseñado para que ninguna rama decida sola. Eso obliga a negociar. El problema es que la fragmentación del Congreso es muy alta y el Gobierno no ha sido particularmente competente en esas negociaciones”, señaló. Además, recordó que, aunque los discursos influyen, los votantes suelen priorizar el liderazgo y su evaluación económica personal al momento de elegir candidatos.
En una línea más crítica, Gabriel Cifuentes, analista político, considera que la propuesta busca deliberadamente “inocular” el debate de la Constituyente en el escenario electoral. “El objetivo es dividir entre quienes están a favor y en contra y desviar el foco de temas incómodos como la crisis fiscal, los escándalos de corrupción o la situación de orden público”, explicó. A su juicio, el Gobierno intenta llevar la campaña a un terreno donde se siente más cómodo, apoyado en la tesis del bloqueo institucional para justificar sus resultados.
La narrativa del bloqueo
Una visión similar expone Ricardo Ávila, analista senior, quien sostiene que la estrategia apunta a “contaminar” el proceso electoral, aunque reconoce que detrás existe un objetivo de transformación institucional más profundo. Sin embargo, Ávila descarta que el bloqueo sea una justificación válida. “El Congreso ha aprobado unas propuestas y ha rechazado otras, como ocurre con todos los gobiernos. Presentar una derrota legislativa como bloqueo es desconocer la división de poderes”, afirmó, señalando además que Petro ha sido eficaz en construir narrativas de conspiración frente a sus fracasos.
Para el politólogo Yann Basset, la reaparición del tema de la Constituyente no responde a su popularidad, sino a su utilidad estratégica. “Es una forma de evitar que la campaña se centre en el balance de gobierno, que tiene problemas serios en seguridad y economía, y cambiar los términos del debate a otros más favorables”, explicó. Según Basset, esta narrativa también le permite a Petro mantenerse vigente políticamente, incluso como presidente saliente, y colocar su legado en el centro de la discusión dentro de la izquierda.
No obstante, el académico advierte que esta estrategia puede convertirse en una trampa para el propio progresismo. “No es un discurso ganador electoralmente y puede terminar anclando a la izquierda al legado de un gobierno con altos niveles de desgaste”, señaló.
Así, la propuesta de una Asamblea Constituyente parece consolidarse menos como un proyecto con destino institucional inmediato y más como una herramienta para moldear el debate político y electoral, mantener al presidente Petro en el centro de la conversación pública y redefinir el terreno sobre el cual se disputará el poder en 2026.
