El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, acaba de revelar que el Gobierno Petro calcula en alrededor de $7 billones el costo fiscal por el aumento del 23 % decretado para el salario mínimo para 2026.

El funcionario considera, sin embargo, que la ecuación se debe revisar desde dos puntos de vista: uno es el costo fiscal y el otro es el beneficio por el «estartazo» a la economía por el mayor impulso al consumo que debería generar un crecimiento económico por encima del 5 % y, por ende un mayor recaudo tributario que compense ese mayor costo por el lado fiscal.

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