A las consecuencias que tendría un incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, que fue decretada por el Gobierno de Gustavo Petro, aparece uno nuevo y tiene que ver con el efecto en la brecha entre los ingresos de los trabajadores informales y quienes devengan apenas un salario.
El Consejo Privado de Competitividad, ANIF y la Red Pro, afirmaron que un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral “corre el riesgo de profundizar una brecha que ya existe: la que separa a los trabajadores formales de millones de jóvenes, mujeres y personas con menor educación que hoy están por fuera del sistema de protección social”.
En una comunicación conjunta, las entidades advirtieron sobre la necesidad de “poner en el centro a quienes están hoy por fuera”, pues consideran que “lo que puede ser una buena noticia hoy para algunos, no lo es para la gran mayoría de los colombianos, debido a su condición de informalidad y además porque muchos de los bienes y servicios que consumen tendrán un incremento”.
Además, consideraron las consecuencias de esta medida, pues cuando el costo del empleo formal “se vuelve inalcanzable para miles de pequeñas empresas, la informalidad deja de ser una excepción y se convierte en la única alternativa posible”.
En este escenario, destacaron, “se debilita exactamente aquello que como sociedad valoramos profundamente: el trabajo con derechos, la estabilidad y la posibilidad de construir proyectos de vida sostenibles”.
Aumento del mínimo polariza
Las organizaciones señalaron que el aumento decretado por el Gobierno Petro busca “generar más polarización y no tiene en cuenta el impacto negativo en quienes no están siquiera sentados a la mesa: jóvenes, inactivos, desempleados e informales”.
Añadieron que: “En un país más justo sus voces tendrían que ser ponderadas a la hora de tomar las decisiones y el valor de éstas no se mediría en popularidad y vítores, sino en oportunidades para los excluidos”.
Finalmente, tanto el CPC, como ANIF y la RedPro, compuesta por múltiples organizaciones dedicadas a la promoción de inversión en distintas regiones (como ProBogotá y ProAntioquia), consideraron que “proteger el ingreso real de los trabajadores debe ir de la mano de más productividad, más formalización y más empresas sostenibles, no de mayores barreras de entrada al empleo formal”.
