El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional expedirá la próxima semana un decreto con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios.
En una entrevista con Blu Radio, el funcionario explicó que la decisión surge como respuesta al incremento del 23 % en el salario mínimo de 2026, con el objetivo de mitigar posibles presiones inflacionarias y prácticas especulativas.
Sanguino defendió la medida asegurando que el Ejecutivo se declarará en “estado de alerta” para vigilar el mercado. “La especulación hay que evitarla y perseguirla”, afirmó, enfatizando que “el control de precios tampoco puede ser un control abusivo, tiene que ser un control responsable”.
Según el ministro, el aumento busca cerrar la brecha hacia un “salario vital”.
El Gobierno también viene trabajando en la desindexación de productos que aún están atados al salario mínimo. El funcionario detalló que ya se han desindexado 225 bienes y que se analizan otros 14, incluyendo el valor de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP), proceso que podría facilitarse bajo la figura de emergencia económica.
Sanguino reconoció que “todo incremento tiene una presión inflacionaria”, pero dijo que confía en que estas herramientas administrativas contengan el alza del costo de vida.
Lecciones de la historia sobre el control de precios
La historia económica mundial ha planteado dudas sobre la efectividad de las medidas de control de precios, pues no hay evidencia de que funcionen, por el contrario, han generado escasez y más presión.
Robert Schuettinger y Eamonn Butler, autores del libro ‘4.000 años de controles de precios y salarios’, advirtieron en 1979 que desde los tiempos de Hammurabi y el Antiguo Egipto hasta la actualidad, estas políticas han sido recurrentes y sistemáticamente ineficaces, por lo que lo escriben como un método que habla de “cómo no combatir la inflación”.
Incluso el economista Milton Friedman observó en su momento que los controles suelen ser burlados mediante cambios en la calidad de los servicios o productos, superando el ingenio de miles de burócratas encargados de vigilarlos.
Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México, advirtió además que los controles de precios «resultan en la aparición de mercados negros que operan al margen de la legalidad”. Incluso subrayó que, ante un problema de inflación, el control de precios solo tiende a agravar la situación.
En el antiguo Egipto, por ejemplo, el control estatal de los graneros llevó a la apropiación de tierras, el abandono de granjas y, finalmente, al colapso económico. Luego, en el Imperio Romano, la medida del emperador Diocleciano terminó en revueltas por artículos triviales y una escasez generalizada, ya que los comerciantes dejaron de llevar provisiones al mercado.
Otros ejemplos cercanos incluyen el intento de fijar los precios del café en Brasil entre 1924 y 1931, que terminó con el gobierno acumulando stocks masivos que finalmente tuvieron que ser destruidos.
En la historia más reciente destaca el caso de Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con decretos que provocaron escasez de productos básicos, desde carne hasta papel higiénico, y una hiperinflación desbordada.
Además, el repunte de la inflación tras la pandemia del Covid-19 generó un resurgimiento de estas políticas en países como Argentina con su programa “Precios Justos”, que consiste en convenios con distribuidores para fijar precios de venta al consumidor en productos de la canasta básica, y en México, donde el Gobierno sancionó a cientos de establecimientos por aumentos injustificados en productos como huevo, frijol, harina y gasolina.
Incluso en Estados Unidos la administración de Joe Biden impulsó restricciones sobre estructuras de precios específicas y tarifas adicionales desde reservas de vuelos hasta entradas a eventos. Además, en ciudades como Nueva York y Boston hay controles sobre el precio de los alquileres.
La evidencia recopilada en la práctica sugiere que los controles de precios, independientemente de la época o el sistema político, suelen derivar en consecuencias económicas contraproducentes, aunque se presentan como una solución inmediata para proteger el bolsillo de los ciudadanos.
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