La Procuraduría General de la Nación (PGN) vigilará el proyecto de decreto que busca ajustar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS). El ente de control indicó que solicitó al Ministerio de Vivienda información técnica que permita analizar los impactos que podría tener esta medida.
“La PGN, en el marco de sus acciones preventivas y en atención al impacto social, económico y contractual que la medida pueda generar, envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio requiriendo información técnica que permita fortalecer la acción preventiva”, señaló la entidad.
La Procuraduría advirtió, a través de su división de Vigilancia de la Función Pública, que reformar el sistema para adquirir vivienda VIS, pasando de un cálculo en salarios mínimos (SMLMV) a pesos colombianos, podría generar “posibles riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que desencadenarían en demandas e incumplimientos”.
El Ministerio Público también destacó que con esta petición busca, entre otros aspectos, propiciar claridad sobre el régimen de transición aplicable a proyectos y promesas de compraventa VIS en curso, y reforzar la protección del consumidor de vivienda.
A eso se le suma que con este análisis la PGN pretende promover una adecuada articulación entre el precio de los inmuebles, los subsidios estatales y los esquemas de financiación, con el fin de evitar descalces que puedan afectar el cierre financiero de las familias.
Como parte de este ejercicio, el ente de control convocará una mesa técnica interinstitucional el próximo 28 de enero con miras a analizar de forma preventiva los impactos del proyecto de decreto y a “promover una implementación armónica de la política pública de vivienda, en coordinación con las entidades competentes”.
¿De qué trata el proyecto de vivienda VIS?
La cartera de vivienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que armoniza el tope máximo general de la VIS en 135 SMMLV. La entidad señaló que con esto se busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de este tipo de inmueble y proteger la planeación financiera de los hogares.
“El proyecto no constituye un control de precios. En realidad, con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras, al reafirmar que, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del consumidor y la Circular 004 de 2024 emitida por la SIC, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo”, destacó el Minvivienda.
De esta manera, y según lo asegurado por el Ministerio, no solo se evitan incrementos abruptos, sino que también se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, “siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario”.
