El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, anunció que a más tardar el próximo viernes 23 de enero, se conocerá la decisión sobre si se suspenden o no los efectos del decreto que declaró la Emergencia Económica, mientras que el fallo definitivo sobre su constitucionalidad se adoptará a finales de febrero.
La semana pasada, la Corte repartió dos decretos clave: el que declaró el estado de Emergencia Económica y el que estableció los impuestos en el marco de esa declaratoria. El sorteo se realizó en sala plena, con la participación de casi todos los magistrados.
El primer decreto quedó en manos del magistrado Carlos Camargo, mientras que el segundo fue asignado al magistrado Juan Carlos Cortés. Ambos procesos, precisó Ibáñez, deben tramitarse de manera simultánea.
¿Qué pasará con los impuestos ya cobrados?
En entrevista con El Tiempo, el presidente de la Corte explicó que existen diferencias entre los tributos creados. Algunos impuestos directos, como el de patrimonio, aún no se están recaudando y empezarían a cobrarse a partir de marzo, por lo que la Corte podría fallar antes de que entren en vigor. Sin embargo, advirtió que hay impuestos indirectos “leoninos” que ya se están cobrando.
En ese contexto, aclaró que, mientras no se suspendan los efectos de los decretos, la Corte no puede frenar el recaudo. Solo con la decisión final, prevista para finales de febrero, el tribunal definirá si la sentencia produce efectos hacia el pasado, lo que obligaría a devolver los recursos recaudados, o si rige únicamente hacia adelante.
Es decir, que la sentencia tenga efectos retroactivos, lo que implicaría que el Estado deba devolver los impuestos cobrados desde enero.
El segundo, que los efectos sean solo hacia el futuro, es decir, que cesen los cobros sin devolución de lo ya recaudado. En cualquiera de los dos casos, señaló, habría un alivio para el bolsillo de los colombianos.
Reforma pensional, el otro frente abierto
Ibáñez confirmó que, en paralelo, la Corte avanza en el estudio de la reforma pensional, un proceso que ha generado críticas por su duración. Recordó que desde junio de 2025 el tribunal advirtió que la ley tenía un vicio de trámite subsanable, que finalmente no fue corregido.
La votación sobre su exequibilidad terminó empatada 4-4, lo que obligó a sortear un conjuez, el abogado Carlos Pablo Márquez. Actualmente, explicó, la Corte analiza recusaciones en su contra, las cuales serán resueltas este mismo mes de enero. Algunos magistrados cuestionaron su designación por haber sido propuesto por un magistrado que votó a favor de la exequibilidad, un asunto que será discutido en sala plena a finales del mes.
Frente a las demoras, Ibáñez reconoció que el proceso sufrió retrasos por errores en la Secretaría y la falta de envío oportuno de pruebas por parte de la Cámara de Representantes, lo que obligó incluso a declarar la nulidad de actuaciones. No obstante, aseguró que la Corte trabaja para adoptar una decisión definitiva en las próximas semanas, dada la sensibilidad del tema.
Con ambos expedientes en curso, la Corte Constitucional enfrenta semanas decisivas.
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