Una fuerte controversia se ha desatado en el sector empresarial tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de solicitar a diversas compañías información detallada sobre sus estructuras de costos y mecanismos de fijación de precios.
Los líderes de los principales gremios del país, la ANDI y el Consejo Gremial, advirtieron que esta medida desborda las facultades legales de la entidad y pone en riesgo la libertad de mercado.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló que la SIC está cruzando una línea roja al exigir datos estratégicos que incluyen costos de materia prima, transformación, tecnología y hasta utilidades esperadas. Según el dirigente, estas solicitudes no tienen sustento legal claro y asemejan el inicio de políticas de intervención económica fallidas en otros países de la región.
«Se excede en sus facultades la Superintendencia de Industria y Comercio cuando le pide a empresas que le informen sobre los mecanismos de fijación de precios y definición de márgenes», afirmó Mac Master.
El líder gremial subrayó que las autoridades solo pueden actuar bajo lo que la ley les permite expresamente, y que conocer la «fórmula» de cada negocio vulnera el derecho a la libre competencia. «Así comenzó la limitación del mercado en Venezuela y ya sabemos cómo Venezuela terminó destruyendo todo el libre mercado», advirtió.
Control indirecto a los precios
Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial, defendió la reserva comercial como una garantía constitucional, argumentando que el Estado no puede pretender «coadministrar» las empresas privadas. Para la dirigente, existe una diferencia fundamental entre investigar conductas ilegales probadas y fiscalizar la rentabilidad de manera preventiva.
«Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas», sentenció Gutiérrez.
También advirtió que el control de márgenes o algoritmos de precios es, en la práctica, una forma indirecta de control de precios que desincentiva la inversión y el empleo.
Ambos líderes coincidieron en que la solicitud de la SIC vulnera principios fundamentales como la confidencialidad y la reserva comercial, protegidos por la Constitución, así como el derecho de las compañías a definir sus estrategias de mercado con libertad y el debido proceso, por exigir información sensible sin indicios previos de ilegalidad.
El sector empresarial denunció que la seguridad jurídica y la confianza se debilitan cuando los entes reguladores asumen roles que afectan la autonomía privada.
Mientras la SIC argumenta que estas medidas buscan proteger al consumidor frente a alzas «irracionales», los gremios sostienen que «la reserva comercial no se negocia» y que el camino hacia una economía centralizada solo traerá menor productividad.
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