El Ministerio del Trabajo de Colombia decretó medidas preventivas y cautelares urgentes contra la Electrificadora de Santander (ESSA) con el fin de frenar presuntas conductas de acoso, hostigamiento y persecución sindical que estarían afectando la autonomía de los trabajadores adscritos a Sintraelecol.
La intervención se originó tras múltiples quejas interpuestas por la organización, que denunció actos atentatorios contra la actividad sindical durante la actual fase de negociación colectiva. Según el documento oficial, se evidenciaron indicios de una estrategia de intimidación diseñada para generar un «estado de temor» en los empleados.
La cartera dijo en un comunicado que encontró que la Electrificadora de Santander habría difundido mensajes sobre la presunta ilegalidad de las huelgas, advirtiendo consecuencias graves como despidos o suspensiones sin el debido proceso legal. Estas acciones son descritas en el auto como una forma de presión indebida que vulnera el derecho a la libertad sindical y la protección contra represalias.
Las medidas ordenadas por el MinTrabajo
El Ministerio de Trabajo ordenó acciones de ejecución inmediata dada la proximidad de la Asamblea General, programada para el próximo 7 de febrero, donde los trabajadores decidirán si optan por la huelga o por un tribunal de arbitramento.
En primer lugar, la entidad instó a la Electrificadora de Santander a abstenerse de iniciar cualquier acto atentatorio o retaliatorio contra los afiliados a Sintraelecol, así como retirar de sus bitácoras y correos electrónicos información que constituya una interferencia indebida en el proceso de negociación.
Del mismo modo, ordenó a la compañía suspender inmediatamente cualquier comunicación física o visual que busque incidir en la votación de la huelga. También convocó a una instancia de concertación entre la empresa, el sindicato y el Ministerio para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y la seguridad social.
«La huelga es un derecho fundamental… cualquier intento de un empleador por descalificarla sin el debido proceso es un atentado contra el derecho de los trabajadores», señala el acto administrativo.
El MinTrabajo fue enfático en que el incumplimiento de estas medidas preventivas acarreará sanciones económicas administrativas. Incluso, explicó que, de persistir las condiciones de riesgo grave para los trabajadores, la autoridad podría ordenar el cierre temporal total o parcial de las instalaciones de la electrificadora.
Con esta decisión, el Gobierno aseguró que busca restablecer el equilibrio y la confianza en el desarrollo del conflicto colectivo, asegurando que los operarios puedan ejercer su voto de manera autónoma y sin presiones externas.
