El Consejo de Estado suspendió temporalmente los efectos del decreto que ordena el incremento del salario mínimo, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su legalidad.
En el documento se lee: «Decreta la suspensión provisional de los efectos del acto demandado y ordena a las entidades demandadas la fijación sustitutiva del salario mínimo para la vigencia 2026 como decisión administrativa transitoria».
El alto tribunal respondió a varias solicitudes que pedían frenar el decreto mientras se toma una decisión definitiva. En su auto, ordenó suspender de manera provisional el decreto demandado y pidió que, de forma temporal, las entidades responsables fijen un salario mínimo para 2026 mediante una decisión administrativa transitoria.
La medida no es un fallo final sobre la legalidad del aumento, pero sí deja sin efecto inmediato el decreto mientras avanza el estudio de fondo.
“A título de medida cautelar, ordenar a las entidades demandas que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”, agrega el Consejo de Estado.
Los puntos en discusión
El Decreto 1469 de 2025 justificó un aumento del 23 % teniendo en cuenta factores como:
- La inflación registrada en noviembre de 2025 (5,3 %).
- La meta de inflación para 2026.
- Los indicadores de productividad.
- El crecimiento de la economía.
- El peso de los salarios en el ingreso nacional.
Además, el Gobierno incluyó el concepto de “salario vital”, apoyado en un estudio de la OIT, como una forma de avanzar hacia un ingreso que cubra mejor las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
Sin embargo, los demandantes argumentaron que el Ejecutivo usó un criterio que no está previsto en la Ley 278 de 1996, y que el aumento decretado es demasiado alto porque supera ampliamente la inflación y la productividad. Según ellos, esto podría afectar el empleo formal, las finanzas públicas y la estabilidad económica.
También advirtieron que aplicar el aumento de inmediato podría generar efectos difíciles de revertir, por ejemplo en pensiones, gasto público y obligaciones que se ajustan con el salario mínimo.
Qué sigue
Con esta suspensión provisional, el Gobierno deberá definir un salario mínimo para 2026 de manera temporal, mientras el Consejo de Estado decide en los próximos meses si el Decreto 1469 se ajusta o no a la Constitución y a la ley.
El debate seguirá abierto, con implicaciones económicas y sociales importantes, ya que el salario mínimo impacta directamente a trabajadores, empresas, pensiones, aportes al sistema de seguridad social y finanzas del Estado.
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