La superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, reconoció la “grave” situación financiera y operativa de Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno, y advirtió que la entidad enfrenta problemas estructurales en auditoría, deudas crecientes y fallas en la entrega de medicamentos.
En entrevista con Caracol Radio, Múnera fue directa: “Hoy la Nueva EPS está muy mal. Tenemos enormes problemas con la deuda, que está aumentando”. Señaló que, aunque hay avances puntuales, el panorama general “no es bueno” y genera “enormes preocupaciones” tanto en el Gobierno como en la Superintendencia.
Estados financieros sin claridad
Uno de los puntos más críticos es la falta de información financiera consolidada. Según la superintendente, existen cerca de $15 billones sin auditar, lo que impide tener certeza sobre pagos, facturación y e irregularidades.
El actual gerente interventor —quien asumió en noviembre— ha informado que ya se han auditado más de $3 billones. Sin embargo, Múnera aseguró que la Superintendencia no cuenta aún con datos plenamente verificables sobre ese proceso.
Además, reveló que dos intentos previos de auditoría forense no arrojaron resultados concluyentes. Por ello, se recomendó contratar una firma internacional para realizar una nueva auditoría que permita establecer con precisión el estado real de las finanzas de la EPS. “Necesitamos un informe financiero real que hoy no tiene la Nueva EPS”, subrayó Munera.
El problema de medicamentos en la Nueva EPS
Sobre la crisis en la dispensación de medicamentos —que ha provocado múltiples quejas de usuarios— Múnera explicó que algunos operadores contratados llevan más de un año sin cumplir el 100 % de las entregas. En algunos casos, dijo, apenas se suministra entre el 40 % y el 50 % de las fórmulas.
La funcionaria enfatizó que el problema no obedece a escasez generalizada de medicamentos, sino a incumplimientos contractuales. Por ello, la Superintendencia está exigiendo a la Nueva EPS que adelante acciones jurídicas contra los operadores que no estén cumpliendo.
“Si existe un contrato para atender determinado número de usuarios, ese contrato debe cumplirse”, afirmó. No obstante, aclaró que la Superintendencia no puede coadministrar la entidad intervenida, por lo que su función es exigir y supervisar las decisiones del interventor.
Múnera también defendió el modelo de compra unificada de medicamentos impulsado por el Gobierno. Según explicó, las siete EPS intervenidas y cinco privadas se están articulando para negociar en bloque medicamentos de alto costo, dispositivos médicos y fármacos de alto volumen.
En la primera fase del proceso se habrían logrado ahorros por $214.000 millones y en las siguientes etapas se proyectan economías cercanas a $3,87 billones. Actualmente, hay 203 contratos identificados, 196 en trámite y siete ya firmados.
La superintendente sostuvo que este esquema permitirá mayor poder de negociación y reducirá la dependencia de intermediarios en la cadena de suministro.
Otro frente crítico es el financiero. Múnera aseguró que a la red pública hospitalaria se le han girado más de $3 billones, en un esfuerzo por corregir lo que calificó como un desequilibrio histórico en favor de la red privada.
La superintendente fue enfática en que la situación actual dista de estar resuelta. “No estamos bien”, reiteró. Sin embargo, aseguró que se han reducido algunas PQR y que se está avanzando en mesas técnicas con dispensadores de medicamentos para normalizar el servicio.
Finalmente, afirmó que su prioridad es estabilizar el sistema en lo que resta del actual gobierno y recuperar la viabilidad operativa de la Nueva EPS, que concentra millones de afiliados y cuya crisis —admitió— hace más visible la fragilidad estructural del sistema de salud.
