El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) entregó las cifras sobre la contratación de aprendices en 2025 y el impacto de la monetización de la cuota de aprendizaje, en medio de la controversia que se desató en redes sociales por el golpe que habría generado la reforma laboral.
Según cifras oficiales de la entidad, en 2024 se registraron 392.056 aprendices, mientras que en 2025 la cifra fue de 379.800, lo que representa una disminución de 3,13 %, es decir, 12.256 contratos de aprendizaje.
El comportamiento de los contratos firmados reportado por el SENA es el siguiente:
2021: 334.582
2022: 358.939
2023: 368.558
2024: 392.056
2025: 379.800
Ahorro frente a la monetización
Frente a la discusión pública, el SENA explicó en detalle cómo funciona la monetización de la cuota de aprendizaje. Este mecanismo permite que las empresas obligadas a contratar aprendices paguen una suma mensual en dinero en lugar de vincularlos directamente.
De acuerdo con los cálculos oficiales entregados por la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2025:
Un empresario que vincule un aprendiz técnico (15 meses: 9 lectiva y 6 productiva) tendría un costo total de $30.208.333. Si decide monetizar la cuota en ese mismo periodo, el valor asciende a $42.021.728.
La diferencia es de $11.813.395 a favor de contratar al aprendiz.
En el caso de un aprendiz tecnólogo (27 meses: 21 lectiva y 6 productiva):
El costo total de contratarlo es de $48.702.512 y monetizar la cuota durante ese tiempo cuesta $73.538.024.
La diferencia es de $24.835.512 a favor de la contratación directa.
Según el SENA, estas cifras reconfirman que contratar aprendices es más beneficioso, menos oneroso y genera un mayor impacto social que optar por la monetización.
Pero la entidad reportó que el recaudo por monetización ha venido creciendo de manera sostenida:
2021: $143.193 millones
2022: $170.473 millones
2023: $210.491 millones
2024: $262.802 millones
2025: $440.455 millones
La controversia política
La discusión tomó fuerza luego de un intercambio en redes sociales entre las representantes a la Cámara Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal.
Juvinao alertó sobre la pérdida de 12.256 oportunidades de contrato de aprendizaje en 2025 frente a 2024, señalando una afectación directa a jóvenes en formación.
Por su parte, Carrascal respondió que no es correcto equiparar el contrato de aprendizaje con una práctica académica genérica ni asumir que los 12.256 aprendices que no cuentan con contrato hayan quedado sin opciones para culminar su proceso formativo.
Según explicó, existen cerca de cinco alternativas adicionales dentro de la Etapa Productiva para que los aprendices puedan aplicar sus conocimientos y graduarse, por lo que la ausencia de un contrato de aprendizaje no implica que el estudiante quede sin posibilidades de certificación.
“Así que, aunque tu interpretación busca simplificar el tema, la realidad es que la Etapa Productiva tiene múltiples rutas de desarrollo y la ausencia de un contrato de aprendizaje no implica que el aprendiz quede sin opciones para graduarse”, sostuvo.
La representante también señaló que el debate ha servido para hacer pedagogía sobre cómo funciona la formación práctica del SENA y aclarar los alcances reales de la monetización y del contrato de aprendizaje dentro del sistema.
¿Mayores beneficios para aprendices, pero menos acceso?
Uno de los puntos más álgidos del debate de la reforma laboral fue, precisamente, el relacionado con el contrato de aprendizaje y la ampliación de beneficios para los aprendices. Mientras el Gobierno defendía que los cambios fortalecían la protección de los jóvenes en formación, desde la oposición advertían que las nuevas condiciones podrían generar mayores cargas y dificultades para los empresarios al momento de contratar.
Entre las principales modificaciones está la formalización del contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo, lo que implica mayores derechos y obligaciones para las partes. La norma también establece una remuneración mínima garantizada: el 75 % del salario mínimo durante la etapa lectiva y el 100 % en la etapa productiva, fortaleciendo así el ingreso de los aprendices durante su proceso formativo.
Además, la reforma garantiza el acceso a seguridad social integral, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, ampliando su protección. De igual forma, aumentó la penalización para las empresas que no cumplan con la cuota obligatoria de aprendizaje, elevando el valor que deben pagar por cada aprendiz no contratado. Según sectores empresariales, estos cambios podrían traducirse en mayores costos laborales; no obstante, el espíritu de la norma es incentivar la contratación directa en lugar de la monetización de la cuota.
