El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó cómo se recaudarán los impuestos en el marco de la emergencia económica para atender la crisis climática ocasionada por el frente frío que atraviesa Colombia.
El funcionario recordó que, tanto en la Ley de Presupuesto como en la primera declaratoria de emergencia económica —que también contemplaba el componente de cambio climático—, se habían definido distintas fuentes de financiación.
En ese momento se incorporaron varias medidas tributarias que, posteriormente, quedaron suspendidas por decisión de la Corte Constitucional, razón por la cual no podían repetirse en esta nueva declaratoria.
Según el ministro, muchas de las medidas planteadas en la primera emergencia eran más coherentes con la política económica del Gobierno. Sin embargo, las circunstancias actuales obligaron a diseñar un nuevo esquema tributario, cuyo eje central es el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, lo que implica un impacto en los sectores productivos.
El ministro recordó que existe un antecedente similar en 2009, durante el fenómeno de La Niña, cuando se estableció una tarifa del 2,4 % para empresas con patrimonios superiores a 119.370 UVT (Unidad de Valor Tributario).
En ese momento se fijó una tarifa del 2,4 % para estas empresas y del 4,8 % para compañías con patrimonios más altos, cercanos a las 200.000 UVT. Ese gravamen fue conocido como el impuesto a la riqueza y posteriormente tuvo una sobretasa del 25 %, lo que elevó la tarifa hasta el 6 % para las empresas con mayores patrimonios.
Con base en ese antecedente, el Gobierno diseñó un nuevo esquema. En esta oportunidad, se estableció un impuesto del 0,5 % para todas las personas jurídicas con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT. El patrimonio líquido corresponde al patrimonio total menos las deudas de la empresa y equivale aproximadamente a $10.454 millones.
Es decir, solo comenzarán a tributar las empresas cuyo patrimonio líquido supere ese monto. Cabe mencionar que la cartera tenía otra propuesta donde se pretendía hacer dos tarifas: una de 0,6 % sobre el patrimonio de entre $10.000 y $30.000 millones para todas las empresas y la segunda con el cobro de 1,2 % sobre un patrimonio mayor a $30.000 millones.
Además, se fijó una tarifa diferencial del 1,6 % para el sector financiero y para el sector minero-energético, específicamente hidrocarburos y carbón. Según el Ministerio, estos dos sectores aportarán cerca del 56 % del total del recaudo proyectado por este impuesto, mientras que el 44 % restante provendrá de los demás sectores productivos.
Ávila indicó que el Gobierno sostuvo reuniones con el sector financiero para explicar la necesidad de un esfuerzo conjunto. Destacó que este sector ha registrado resultados favorables en los últimos años. En 2024, los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $8,7 billones y los bancos por $8,3 billones. Para 2025, las utilidades de los establecimientos de crédito alcanzaron los $17,7 billones, mientras que las de los bancos llegaron a $14,2 billones.
En conjunto, explicó, “el sector prácticamente duplicó sus utilidades entre 2024 y 2025, lo que demuestra su solidez financiera. Por ello, el Gobierno considera razonable que contribuya de manera significativa a la financiación de la emergencia”, dijo el ministro.
Finalmente, el decreto establece que el impuesto al patrimonio se declarará y pagará en dos cuotas: el 50 % deberá cancelarse el 1 de abril de 2026 y el 50 % restante el 4 de mayo de 2026. Con este calendario, el Gobierno espera contar en el corto plazo con los recursos necesarios para atender las urgencias derivadas de la crisis climática.
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