El Gobierno colombiano, en un esfuerzo conjunto con las principales autoridades financieras del país, está dando los últimos toques a un proyecto de ley que busca establecer, por primera vez, un marco normativo integral para los activos digitales en Colombia.
Andrés Murcia, subgerente monetario y de inversiones internacionales del Banco de la República, reveló que esta iniciativa surge de mesas de trabajo técnicas dentro del Comité de Coordinación para el Seguimiento del Sistema Financiero.
El articulado da cuenta de una evolución en la postura del Estado frente a las criptomonedas, stablecoins y tokens. Incluso Murcia reconoció que las autoridades transitaron desde una posición inicial defensiva hacia una de reconocimiento de estos instrumentos como activos.
“El enfoque que han tomado las autoridades en este tema ha ido migrando con el tiempo. En un principio tomamos una posición algo prohibitiva”, explicó. Posteriormente se pasó por una fase de «contención» para mantener al sistema financiero tradicional alejado de estos riesgos, de acuerdo con el funcionario.
Hoy, la visión es distinta: se busca regular el sector reconociendo que existe una innovación subyacente que puede beneficiar a la economía.
El proyecto de ley, que está hoy en manos del Ministerio de Hacienda, define a los activos digitales no como moneda, pues el Banco de la República no les otorga esa categoría al no cumplir plenamente las funciones del dinero, sino como representaciones de activos, según Murcia.
Objetivos y pilares del proyecto de ley
El subgerente monetario y de inversiones internacionales del Banco de la República explicó que el propósito central no es crear una regulación excesivamente específica, sino establecer unas reglas de juego generales basadas en el principio de «misma actividad, mismo riesgo y misma regulación».
La propuesta le apunta a cuatro objetivos primordiales que incluyen protección al consumidor financiero (mitigar riesgos de estafas y otros abusos), velar por la estabilidad macroeconómica y financiera (controlar los riesgos derivados de un uso masivo de estos activos), promover la innovación financiera (uso de nuevas tecnologías de forma ordenada) y permitir la libre competencia e integridad del mercado (asegurar un entorno transparente para todos los participantes).
El articulado incluye además una definición formal de activo digital, así como la creación de un nuevo tipo de entidad especializada para operar con ellos y la implementación de un espacio controlado de pruebas o sandbox para retroalimentar la regulación con los desarrollos del mercado.
Aquí vale la pena recordar que, entre febrero de 2021 y junio de 2024, la SuperFinanciera inició un piloto de operaciones con criptoactivos, el cual permitió avanzar en la comprensión de los riesgos y oportunidades asociados a este tipo de operaciones en su interacción con servicios del sistema financiero, según la entidad.
La construcción del proyecto contó con la participación del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), la DIAN y la Fiscalía, cada uno de los cuales tendrá determinadas funciones.
Por ejemplo, la Superintendencia Financiera tendrá el rol primordial de supervisión de las actividades y de las entidades especializadas. Por su parte, el Banco de la República mantendrá un rol protagónico, especialmente en la regulación de las stablecoins, dado su impacto potencial en la soberanía monetaria y la regulación cambiaria. Y la DIAN se encargará de la obligatoriedad del registro de estas entidades para fines tributarios y de control de información.
El debate de los activos digitales
Los activos digitales han ganado espacio en el mercado como una opción para quienes quieren diversificar sus inversiones, pero implican riesgos muy altos de volatilidad y seguridad y no están regulados en la mayoría de países, ni cubiertos por garantías de depósito, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.
Por ahora, el mundo se divide principalmente entre dos opciones: permitir transacciones entre criptomonedas o stablecoins, como hace Estados Unidos que promueve el uso de tokens atados al dólar con respaldos líquidos, o contener el mundo cripto y separarlo del sector financiero tradicional, como Europa y su enfoque más prudente.
Murcia señaló que al regular los activos digitales Colombia no está «haciendo algo muy innovador» en comparación con estándares internacionales, sino que sigue modelos de países avanzados como Brasil o Singapur.
Por esto, se mostró optimista sobre el futuro de la iniciativa, que actualmente está en poder del Ministerio de Hacienda y listo para ser radicado en el Congreso de la República, aunque no existe una fecha definida para arrancar con el trámite dado que el Gobierno tiene otras prioridades legislativas.
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