La Contraloría General de la República encendió alertas sobre el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que propone trasladar recursos de fondos privados hacia Colpensiones, al identificar riesgos fiscales y dudas sobre su viabilidad jurídica.
En un análisis preliminar, el órgano de control advirtió que el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que operan bajo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), hacia el Régimen de Prima Media (RPM) podría desnaturalizar el uso de estos dineros.
Según la entidad, existe el riesgo de que los recursos destinados al ahorro de largo plazo terminen financiando gasto corriente, particularmente el pago de mesadas pensionales, lo que comprometería la sostenibilidad del sistema.
El volumen de recursos en juego
Con corte a febrero, 119.496 personas ya se trasladaron del RAIS al RPM, con recursos cercanos a $24,7 billones. De ese total:
- 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, con ahorros estimados en $5,1 billones.
- 100.989 personas aún no se han pensionado y aportan cerca de $686.642 millones anuales.
Para la Contraloría, no sería jurídicamente viable ordenar el traslado total de estos recursos, ya que la mayoría de los afiliados aún no ha consolidado su derecho pensional.
El proyecto de decreto se fundamenta en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que abrió una ventana para traslados entre regímenes. Sin embargo, la misma norma establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se cause el derecho a pensión.
Además, el Decreto 1225 de 2024 señala que los dineros deben seguir administrados por las AFP mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Ese fondo, clave en la arquitectura de la reforma, aún no existe, lo que —según la Contraloría— deja sin un mecanismo institucional para recibir los recursos que el Gobierno pretende trasladar.
En ese contexto, el ente de control concluyó que la propuesta del Ministerio del Trabajo es inviable bajo la normativa vigente. A esto se suma que la Corte Constitucional mantiene suspendida la reforma pensional mientras adelanta su revisión.
De ser avalada la reforma, los recursos no irían directamente a Colpensiones, sino a un fondo administrado por el Banco de la República, lo que contradice el enfoque del decreto.
Finalmente, la Contraloría advirtió que este esquema podría agravar el pasivo pensional del Estado. El traslado de recursos implicaría sustituir ahorro de largo plazo por liquidez inmediata, trasladando presiones fiscales a futuras generaciones.
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