La Contraloría General lanzó alertas tras revisar 18 decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026.
El ente de control advirtió la necesidad de aplicar con rigor los criterios de la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya coordinación recae en la UNGRD.
En ese contexto, subrayó que, tras la creación de nuevos impuestos para recaudar hasta $8,68 billones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar el recaudo oportuno y la destinación exclusiva de estos recursos para atender la emergencia invernal en ocho departamentos.
Para ello, pidió fortalecer la capacidad operativa de la DIAN y los mecanismos de control, especialmente en tributos como el impuesto al patrimonio y los juegos de suerte y azar en línea.
También advirtió que la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos podría afectar la continuidad de programas en curso, por lo que exigió que estas decisiones se adopten con sustento técnico y jurídico, y con mecanismos claros de reembolso.
Además, señaló que el uso y traslado de los recursos deberá ser coordinado por la UNGRD con base en los Planes de Acción Específica (PAE), diseñados junto con ministerios y entidades territoriales, y sustentados en el Registro Único de Damnificados.
Alertas en energía, ejecución y focalización de ayudas
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre el traslado de recursos del sector eléctrico a la UNGRD para financiar obras de infraestructura energética. La Contraloría advirtió que la entidad no cuenta con la experticia ni la estructura para ejecutar proyectos de esa complejidad.
A esto se suma la alerta frente al Decreto 0177 de 2026, al considerar riesgoso modificar sin rigor técnico las reglas de operación de embalses hidroeléctricos, lo que podría generar incumplimientos contractuales, impactos tarifarios y pérdida de confianza inversionista.
El organismo también llamó la atención sobre fallas en la focalización de ayudas previstas en el Decreto 0245 de 2026, con riesgos de errores en la identificación de beneficiarios, duplicidades en transferencias e inconsistencias en registros.
Finalmente, la Contraloría pidió al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a otros sectores los soportes que justifican el monto a recaudar y su distribución, y reiteró que el país sigue en mora de aplicar de forma efectiva la política de gestión del riesgo. Advirtió que mantendrá vigilancia preventiva para garantizar que los recursos cumplan su propósito en medio de la emergencia.
