Cielo Rusinque dejó oficialmente la Superintendencia de Industria y Comercio luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por no cumplir requisitos.
El Ministerio de Comercio aceptó la renuncia de Rusinque y designó como superintendente encargado a Diego Andrés Solano Osorio, quien se desempeñaba como jefe de asesores y era uno de sus principales colaboradores dentro de la entidad.
Solano llegó a la SIC junto a Rusinque en febrero de 2024. Es abogado de la Universidad Externado, especialista en derecho comercial y magíster en derecho, con experiencia previa como contratista de la entidad durante cinco años, además de haber trabajado en el sector privado y en la academia.
Sin embargo, la designación de Solano es temporal y el Ejecutivo aún podría definir un nombramiento en propiedad. Incluso se pensaba que Rusinque podía seguir en el cargo por un movimiento del presidente Petro quien firmó el Decreto 0226, mediante el cual baja requisitos para nombrar superintendentes de Industria, Financiero y Sociedades.
La nueva norma elimina los requisitos específicos para estos cargos, que fueron determinados hace una década en línea con las recomendaciones de la OCDE.
Con lo anterior, los requisitos para nombrar superintendentes de Industria, Financiero y Sociedades se regirán, ahora, con la misma tabla de los empleos de nivel directivo del Estado.
Las razones del fallo
El Consejo de Estado concluyó que Rusinque no cumplía con las condiciones exigidas para el cargo. En particular, determinó que no acreditó el nivel de formación requerido, ya que la norma exige un posgrado de maestría o doctorado en áreas afines, requisito que —según la Sala— no se cumplió.
El tribunal tampoco consideró pertinentes sus estudios en Ciencias Políticas ni en Derecho Constitucional para las funciones del cargo. Además, señaló que un diploma obtenido en Francia no podía ser validado como equivalente a una maestría o doctorado, debido a que su convalidación aún estaba en trámite.
A esto se sumó un déficit en la experiencia profesional exigida: mientras la norma pide 10 años, el Gobierno solo logró certificar poco más de ocho años y medio.
El alto tribunal insistió en que estos requisitos responden al carácter técnico e independiente de la SIC y a estándares internacionales, por lo que su incumplimiento invalida el nombramiento.
