Los gremios del sector de la vigilancia y la seguridad privada lanzaron una alerta sobre el impacto que, según afirman, están teniendo recientes decisiones del Gobierno Nacional sobre una actividad que genera cerca de 400.000 empleos formales en Colombia.
A través de un comunicado, las organizaciones del sector defendieron la legalidad y formalidad de la industria, que representa el 1,13 % del PIB nacional, moviliza alrededor de $21 billones al año y concentra el 4 % del empleo formal del país.
Los gremios advirtieron que no pueden permanecer en silencio frente a lo que consideran un “patrón sistemático de deslegitimación” por parte del Gobierno.
Entre los cuestionamientos, aseguraron que el sector ha sido equiparado con estructuras paramilitares sin pruebas que sustenten esas afirmaciones. También denunciaron una presunta parálisis institucional que estaría afectando la expedición de acreditaciones y permisos para los trabajadores.
Según el comunicado, los trámites tardan en promedio 391 días y algunos casos alcanzan hasta 1.348 días, situación que, afirman, ha derivado en inconvenientes para empleados durante operativos de control, pese a que los retrasos obedecerían a demoras estatales.
También criticaron dos medidas recientes impulsadas por las autoridades: la denominada calculadora salarial y la modificación de la estructura tarifaria del sector. A su juicio, ambas decisiones fueron adoptadas sin suficiente socialización, carecen de sustento técnico y generan incertidumbre entre trabajadores y empresas.
“La falta de rigor técnico ha generado pánico injustificado entre trabajadores y empresarios”, indicaron, al tiempo que señalaron que los cambios tarifarios afectarían la sostenibilidad financiera de las compañías y no contemplan todos los costos laborales derivados de nuevas disposiciones legales.
Las organizaciones advirtieron que un debilitamiento de las empresas formales podría impactar especialmente a poblaciones con mayores dificultades de inserción laboral. De acuerdo con sus cifras, el sector emplea a más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años, cerca de 112.000 personas mayores de 45 años y alrededor de 80.000 mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar.
Asimismo, sostuvieron que la reducción de la capacidad operativa de las empresas formales podría abrir espacios para el crecimiento de esquemas de vigilancia ilegal, sin garantías laborales ni controles regulatorios.
