El gobierno de Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de que Colombia se retire del sistema de arbitraje internacional de inversión, con el argumento de reducir la exposición fiscal por demandas millonarias, recuperar margen de decisión del Estado y corregir lo que considera un esquema desequilibrado a favor de grandes inversionistas.
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que el país enfrenta riesgos cercanos a $52 billones en litigios internacionales y que estos mecanismos, al estar por fuera de la justicia nacional, limitan la soberanía y pueden obstaculizar políticas públicas, especialmente en sectores como el ambiental o energético. Además, el Gobierno plantea la necesidad de avanzar hacia modelos alternativos de resolución de controversias que ofrezcan “igualdad de condiciones” entre el Estado y los inversionistas.
Sin embargo, expertos advierten que la decisión tendría implicaciones profundas y no resolvería los problemas que busca atender.
El sistema, basado en la Convención de Washington de 1965 y operado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, permite que controversias entre inversionistas extranjeros y Estados se resuelvan en tribunales arbitrales independientes. Para Colombia, ha sido parte del marco de confianza para atraer inversión extranjera.
Análisis de empresarios y expertos
Incluso desde el ámbito empresarial el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, advirtió que esta situación genera preocupación entre los inversionistas internacionales interesados en hacer negocios en Colombia.
“Eso le preocupa a cualquier inversionista extranjero que quiera negociar con una compañía colombiana, porque en los contratos siempre hay dos elementos clave: la cláusula de resolución de conflictos y el mecanismo para resolverlos, que generalmente son tribunales de arbitramento”, explicó.
En ese sentido, señaló que la imposibilidad de garantizar estos mecanismos afecta la confianza. “Si no se puede ofrecer la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitraje, claramente eso genera incertidumbre para cualquier inversionista internacional”, agregó.
Sarmiento Gutiérrez precisó que, en el ámbito privado, estos esquemas podrían mantenerse sin mayores cambios. Sin embargo, advirtió que el panorama es distinto cuando se trata de negocios con el Estado.
“Entre privados no habría problema, porque se pueden pactar libremente las cláusulas de resolución de conflictos. Pero para quienes estén pensando en hacer negocios con el Gobierno sin esa garantía, va a ser muy complicado”, concluyó.
Por otro lado, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advierte que el debate no puede centrarse únicamente en el monto de las demandas. Aunque las pretensiones alcanzan cerca de $59,52 billones, el problema de fondo es el deterioro de la seguridad jurídica. “Colombia pasó de 20 a 34 controversias y de $10,79 billones a $59,52 billones. La discusión es qué está pasando con la estabilidad regulatoria y la prevención del daño antijurídico”, señaló.
Desde el frente jurídico, los efectos de una eventual salida serían limitados en el corto plazo. Lacouture es clara: retirarse “no borra las demandas ni elimina la exposición”, pues los casos en curso continuarían y muchos tratados mantienen protección a las inversiones existentes por varios años.
En la misma línea, el especialista en arbitraje Víctor Manuel Bernal subraya que el retiro tendría efectos diferidos. “La denuncia del tratado solo surte efecto seis meses después y durante ese tiempo el país puede seguir siendo demandado”, explica, recordando un precedente similar con la salida del Pacto de Bogotá.
Ambos expertos coinciden en que el mayor riesgo no está en el litigio en sí, sino en el impacto sobre la confianza inversionista. “El mayor costo hoy no es solo litigar; es deteriorar la confianza”, afirma Lacouture, quien advierte que retirarse del sistema puede profundizar la percepción de inseguridad jurídica en un contexto ya sensible.
Bernal va más allá y plantea un efecto reputacional directo: “Colombia pierde como actor cumplidor de sus obligaciones internacionales, lo que se traduce en menor inversión extranjera”.
El debate también toca el equilibrio entre soberanía regulatoria y protección a la inversión. Mientras el Gobierno cuestiona el arbitraje por limitar la acción estatal, los expertos matizan esa visión. “Los tratados modernos buscan equilibrar ambas dimensiones: proteger la inversión y preservar el derecho del Estado a regular”, sostiene Lacouture.
Bernal coincide en que el arbitraje no está diseñado para restringir al Estado, sino para garantizar un escenario neutral. “No protege la inversión en sí misma, sino la seguridad jurídica de las partes”, explica.
En cuanto a precedentes, países como Bolivia, Ecuador y Venezuela han salido del sistema, pero con resultados dispares. Para los analistas, no existe una fórmula replicable. “Cualquier decisión de este tipo exige compensar con garantías fuertes de estabilidad y confianza”, advierte Lacouture.
Finalmente, sobre posibles alternativas, ambos coinciden en que existen —como tribunales locales o mecanismos regionales—, pero el desafío es su credibilidad. “La pregunta no es solo qué reemplaza al arbitraje internacional, sino si ese reemplazo ofrece independencia, especialización y previsibilidad”, concluye.
