Las universidades privadas en Colombia elevaron sus críticas contra el decreto que impone el impuesto al patrimonio, al advertir que la medida pone en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo y podría trasladarse a los estudiantes.
En distintos documentos técnicos y solicitudes ante la Corte Constitucional, instituciones de educación superior y centros de análisis, como el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, coincidieron en que el Decreto 173 de 2026 desconoce la naturaleza jurídica y financiera de estas entidades.
Uno de los argumentos centrales es que el patrimonio de las universidades no puede tratarse como el de una empresa. A diferencia de las sociedades comerciales, estas instituciones operan sin ánimo de lucro y están obligadas a reinvertir sus excedentes en su misión educativa.
Según los análisis, su patrimonio está compuesto principalmente por infraestructura académica —campus, laboratorios, bibliotecas y clínicas— que no genera liquidez inmediata.
Esto implica que el impuesto no recaería sobre recursos disponibles, sino sobre activos necesarios para la prestación del servicio educativo. “No equivale a captar riqueza libre, sino a desviar recursos comprometidos con fines constitucionales”, advierten los documentos.
Impacto directo en estudiantes
Las universidades alertan que el efecto del impuesto no se quedaría en lo contable. En la práctica, el costo podría trasladarse a decisiones operativas con impacto directo en estudiantes.
Entre las posibles consecuencias mencionan: aumento en el valor de las matrículas, reducción de becas y apoyos financieros, recorte en programas académicos y menor inversión en investigación y calidad.
Incluso, advierten que el gravamen podría afectar la cobertura del sistema, en un contexto donde las instituciones privadas atienden cerca del 46 % de los estudiantes de educación superior en el país.
Capacidad de pago, en duda
Otro punto crítico es el principio de capacidad contributiva. Las universidades sostienen que un alto patrimonio no significa que tengan liquidez para pagar el impuesto.
Esto se debe a que gran parte de sus activos no son fácilmente convertibles en efectivo. Venderlos implicaría, en la práctica, desmantelar la infraestructura educativa, mientras que endeudarse comprometería su sostenibilidad futura.
Además, el impuesto podría representar una proporción significativa de sus resultados operacionales, llegando en algunos casos a superar ampliamente sus excedentes anuales.
Las instituciones también cuestionan que el decreto no diferencie entre empresas con fines de lucro y entidades sin ánimo de lucro.
El documento señala que el Gobierno aplicó el mismo tratamiento a realidades económicas distintas, pese a que el propio decreto reconoce que no deben gravarse patrimonios destinados al interés general.
Además, advierten un trato desigual frente a las universidades públicas, que no están sujetas al impuesto, pese a que cumplen la misma función social.
Solicitud a la Corte Constitucional
Ante este panorama, las universidades pidieron la suspensión provisional del decreto mientras se estudia su constitucionalidad.
La solicitud plantea que mantener el impuesto podría generar efectos “graves e irreversibles” sobre el derecho a la educación, mientras que su suspensión solo implicaría un retraso temporal en el recaudo fiscal.
Por ahora, la decisión queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir si el impuesto al patrimonio puede aplicarse a este sector sin afectar principios como la equidad tributaria y el acceso a la educación.
